El próximo 26 de enero hará 80 años que las tropas del general Franco entraron en la ciudad de Barcelona. Quince días después llegaban a la frontera con Francia después de haber ocupado todo el territorio catalán. Para los catalanes acababa una larga guerra de dos años y medio, pero no empezaba la paz, se iniciaba el franquismo.

Si todas las guerras son odiosas, las de carácter civil son doblemente indeseables porque provocan rupturas internas a todos los niveles, desde el ideológico, político y social hasta el local, religioso y familiar. Las grietas pueden ser más o menos desiguales y profundas, pero lo que es seguro es que son difíciles de reparar y olvidar. Y mucho más si una vez acabado el conflicto los ganadores no impulsan una política de conciliación y de superación de las divergencias, sino que aprovechan la situación para ajustar cuentas con los vencidos y pretender destruir hasta el recuerdo. Por eso la memoria de la Guerra Civil está inexorablemente ligada a la del franquismo.

La larga duración de la dictadura, el hecho de que durante la transición se optara por olvidar las responsabilidades de los militares, de los políticos y de los funcionarios represores y más adelante la exigüidad de las políticas democráticas a la hora de abordar la visión de la guerra y del régimen de Franco han hecho que queden demasiadas cosas todavía pendientes.


Muertos en Triana, Sevilla, tras la represión del general Queipo de Llano
Muertos en Triana, Sevilla, tras la represión del general Queipo de Llano

Los especialistas que estudian los países que han tenido dictaduras represivas sostienen que en los momentos de la recuperación de la democracia hay que impulsar políticas públicas, que si bien ­tienen que atender preferentemente la reconciliación ciudadana, nunca pueden olvidar tres aspectos: la búsqueda de la verdad de lo que sucedió, la recuperación de la memoria y el reconocimiento de los represaliados y la aplicación de una justicia reparadora. Ahora hace cinco años, en el informe redactado por el relator especial de las Naciones Unidas, el colombiano Pablo de Greiff, respecto de la política española sobre la promoción y la protección de los derechos humanos, se decía: “ Los legados de la Guerra Civil y de la dictadura continúan sien­do objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser”. Desgraciadamente hoy estas diferencias persisten y se manifiestan de nuevo en la gran resistencia de las derechas a cualquier política de memoria democrática.

La derecha que ha llegado estos días al poder en Andalucía trae en su programa la derogación de la ley de Memoria His­tórica Democrática de esta comunidad, apro­bada el 28 de marzo del 2017. Es una ley ­importante y de gran impacto, sobre todo si se tiene en cuenta que este territorio fue el que sufrió las represalias más ma­sivas durante la Guerra Civil y la posguerra: un mínimo de 47.399 andaluces han ­sido identificados como víctimas de los franquistas, cifra que multiplica por cinco la represión republicana. Y eso lo sabemos gracias a las investigaciones realizadas las tres últimas décadas, cuando se pudo identificar a la mayoría de las víctimas y se comprobó que más de un 30% lo fueron ­como resultado de ejecuciones extraju­diciales y fueron enterradas en centenares de fosas comunes. Y entre estas víctimas no se cuentan los presos políticos muertos en las prisiones y en los campos de con­centración a causa de las malas condiciones de vida y los maltratos. Sólo en la prisión de Córdoba, en el año 1941, murieron 502 reclusos.

Hoy esta tarea de investigación histórica realizada puede ser liquidada. El programa de memoria histórica andaluz para la etapa 2019-2023 preveía invertir cinco millones de euros para abrir 700 fosas, donde se calcula que hay enterradas unas 10.000 personas, y también quería crear un banco de ADN para identificar a las víctimas. Todo este plan de actuación y la continuidad de los equipos de investigación puede desaparecer porque el nuevo Gobierno, in­tegrado por el PP y Ciudadanos, ha aceptado la exigencia de Vox de liquidar aquella ley porque, según esta formación ultraderechista, “ impone, de forma totalitaria, una versión oficial muy sesgada de la historia andaluza”. Claro que el PP ya estaba bastante predispuesto a hacerlo. El mismo Pablo Casado ha hablado de “l a irresponsable e innecesaria política de memoria histórica (…) que ha significado una sectaria reescritura de la historia”.

El nuevo Gobierno andaluz ha anunciado la sustitución de la vieja ley por una nueva, llamada “de concordia”, que buscará “ cerrar las heridas”. Ya sabemos bastante bien cómo la derecha española acostumbra a cerrar las heridas del pasado: evitando que se hable, prohi­biendo que se investigue y dificultando que se divulgue. Para los que se sienten incómodos con el pasado la mejor forma de cerrar las heridas es un olvido que, escondido bajo una espuria “concordia”, evite el debate ciudadano. La derecha tiene muchas cosas que esconder de su pasado, y más en un país como Andalucía donde las represalias de los terratenientes sobre los campesinos alcanzaron un carácter de casi “holocausto”, como lo ha calificado Paul Preston. Los andaluces representaron casi el 40% del total de las víctimas del franquismo. No tiene que extrañar que el nuevo Gobierno derechista andaluz se muestre tan interesado en no remover más el ­incómodo pasado del franquismo. Vete a saber lo que todavía podría llegar a salir.

All copyrights for this article are reserved to Portada

Quantcast