• Esquerra rebaja las expectativas ‘cupaires’ sobre el cambio de modelo policial, pero mantiene el plan piloto de la renta básica universal

Pere Aragonès tendrá desde el minuto uno de su mandato como ‘president’ la difícil tarea de mediar entre Junts y la CUP y de cumplir con dos acuerdos, distintos en fondo y forma, para gobernar sin sobresaltos. El preacuerdo con los anticapitalistas choca con algunos de los puntos trenzados semanas después con los posconvergentes, aunque su investidura parece estar, a estas alturas, fuera de peligro.

La gobernabilidad, avisan los ‘cuperos’, dependerá del cumplimiento de su palabra, y Aragonès deberá hacer equilibrios para contentar a las dos fuerzas políticas que le sostienen y empujar una legislatura con el reto de encarar la recuperación socioeconómica que deja el impacto del covid-19 en Catalunya. Estas son las similitudes y las diferencias entre el pacto de ERC con Junts y el que redactó previamente con la CUP.

Confrontación y diálogo con el Estado

ERC y Junts apuestan por «compartir la apuesta por el diálogo y la negociación política para resolver el conflicto político así como la necesidad de una confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado a asumir la realidad hasta ahora negada». El fin que se fijan es «forzar» una resolución del conflicto catalán, «especialmente si se confirman las limitadas posibilidades de éxito del proceso de negociación» con el Gobierno.

En este apartado los tres partidos imprimen sello propio, pero ERC consigue dar aire a la mesa de diálogo. Los republicanos hacen constar en ambos documentos que apuestan por «seguir explorando al máximo» este espacio «para construir una solución política y democrática» al conflicto, aunque se comprometen a «no dilatar la mesa innecesariamente». Los posconvergentes aseguran que su escepticismo y sus dudas «no serán un impedimento para trabajar y participar lealmente en el proceso de diálogo y negociación con el Gobierno», mientras que los anticapitalistas cierran la puerta a participar en este órgano, salvo que el Gobierno de Pedro Sánchez compre un referéndum y la amnistía.

Junts y CUP coinciden en sus recelos, pero sobre papel los contienen para no dinamitar el deshielo. Eso sí, dan de margen hasta el 2023, cuando se revisará la continuidad de la mesa de diálogo. Si en dos años no ha habido avances, responderán con “un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada», versa el texto ERC-CUP.

Pero el pacto entre los socios en el Govern no es tan contundente. Se emplazan a «trabajar para generar las condiciones ganadoras en el marco de esta legislatura para plantear un nuevo embate de confrontación cívica y pacífica», pero avisan de que «solo» un referéndum acordado sustituye el 1-O y sugieren que sea la dirección estratégica la que estudie, llegado el momento, si solicita la intervención de los organismos europeos para lograr una consulta acordada y vinculante. No hay ni rastro de la unilateralidad.

Dirección estratégica del ‘procés’

Pese a ser uno de los principales escollos de la negociación, llegando al punto de dinamitarla, la dirección estratégica del ‘procés’ se ha sellado con una apuesta colegiada que aparca, por ahora, el papel del Consell per la República.

Siguiendo el acuerdo con la CUP, ERC y Junts desatascaron el embrollo alumbrando un «espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica» conformado por los tres partidos independentistas, la ANC y Òmnium Cultural, sin que por ahora esté bajo el manto del ente privado belga que preside el ‘expresident’ Carles Puigdemont. Esta dirección estratégica estará integrada por dos o tres representantes de cada una de las cinco organizaciones y el comité técnico por uno o dos de cada. El CxR, paralelamente, se reformulará para buscar las simpatías de republicanos y ‘cuperos’.

En el pacto con la CUP, ya dejaban en manos de esta nueva plataforma de acción y decisión independentista cómo se establecía la coordinación con organismos como el CxR o la Asamblea de Cargos Electos. Más tiempo y menos presión sobre ERC.

El control de los fondos europeos irá a cargo de una comisión interdepartamental que dependerá de la Conselleria d’Economia, en manos de Junts y previsiblemente bajo la batuta de Elsa Artadi. En el pacto de gobierno, ERC y Junts acuerdan que la inyección de los fondos Next Generation se gestione de forma compartida en una comisión interdepartamental compuesta por los miembros del Consell Executiu y por algunos altos cargos de la Generalitat con el objetivo de tener una “visión global y transversal”.

En el texto firmado por los anticapitalistas, ERC se comprometió a crear una oficina gubernamental de gestión y control de estos fondos con mecanismos de participación ciudadana, que ya tenía adjudicada la batuta al economista y concejal republicano, Miquel Puig, pero que, tras pasar por la mesa de Junts, quedó en papel mojado.

Pese a esto, algunas de las pinceladas sobre las cláusulas que deberán cumplir los proyectos que reciban parte de estos fondos coinciden en ambos documentos: la transformación ecológica, el refuerzo de los servicios públicos y el seguimiento de criterios ambientales, entre otros criterios.

Renta básica universal y rescate social

Uno de los principales logros que abandera la CUP tras su negociación con ERC es la renta básica universal, que en un inicio generó suspicacia en Junts.

Esquerra se comprometió con diseñar un plan piloto según determinadas franjas de edad desde el 2021 que debería echar a andar al año siguiente para que en 2023 se pudiera evaluar su efectividad. Los posconvergentes han aceptado la idea, pese a sus reticencias, pero sin mencionar dicho calendario.

La Conselleria de Presidència, previsiblemente a cargo de Laura Vilagrà (ERC), será la encargada de llevar a cabo este plan y de combinarlo con la reordenación de las prestaciones económicas sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía y su compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital.

Desahucios y modelo policial

ERC y CUP acordaron una modificación del protocolo de actuación de los Mossos d’Esquadra en los desahucios para evitar la intervención de operativos antidisturbios en lanzamientos con familias vulnerables. No hay huellas de este extremo en el pacto con Junts, aunque sí se contempla evitar por ley los desahucios de personas en riesgo de exclusión social y la obligatoriedad de que los grandes tenedores tengan que ofrecer alquiler social a los arrendatarios si no pueden pagar el alquiler, como pedían también los anticapitalistas.

En materia de vivienda, republicanos y anticapitalistas pactaron recuperar el decreto que pone coto a los alquileres abusivos parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional y aprobar una nueva normativa más amplia, así como destinar 1.000 millones de euros anuales a políticas de vivienda y poner a disposición 5.000 pisos públicos cada año, una propuesta que Junts también admite.

No hay coincidencias en el modelo policial y no consta la moratoria del uso de proyectiles de foam en el pacto entre los socios en el Govern, en el que se prevé aumentar el cuerpo para llegar a la cifra de 22.000 agentes en Catalunya. El punto de encuentro con la CUP es la retirada de las acusaciones contra manifestantes independentistas siempre que no haya uniformados lesionados.

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Territorio y energías renovables

La candidatura de los Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno es otro punto de discordia entre la CUP y Junts. En el acuerdo de gobierno se conjuran para concretar la postulación buscando un «amplio consenso territorial, social y político que garantice su gobernabilidad social y ambiental» pese a las reticencias que genera en las filas anticapitalistas.

En cuanto a las energías renovables, la CUP se opone a los grandes proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos por su impacto territorial y ambiental. Pero ERC y Junts lo mantienen, aunque matizan que no validarán planes de alto impacto y que se situarán preferiblemente en terrenos industriales. Tampoco recogen el guante de la eléctrica pública que exigían los ‘cuperos’.

Tras conocer el reparto de las Conselleries, ya manifestaron su malestar por el hecho de que Junts se quede con la cartera de Territorio.

El impacto de la pandemia del covid-19 ha incrementando el SOS del sector sanitario y de la educación tras una década de recortes. La CUP pactó con ERC estabilizar las plantillas, aumentar el presupuesto de la atención primaria hasta el 25% e intentar que la titularidad de servicios como el 061 sea pública.

Sin entrar en contradicción, Esquerra firma con Junts una inversión de 5.000 millones de euros adicionales en políticas de salud, un refuerzo de la atención primaria con unos 300 millones de euros en tres años y un incremento retributivo para los trabajadores.

Pero en educación vuelven a saltar las alarmas, porque pese al empeño de los ‘cuperos’ en intentar que los centros educativos privados y concertados se conviertan en públicos, Junts lo desdeña. De ahí que no aparezca en el documento que evita una repetición electoral. Sí avanzarán en la gratuidad de la etapa preescolar, en la reducción del precio de las matrículas universitarias y en elevar el presupuesto al 6% del PIB.

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