• La información recabada por los Mossos d’Esquadra refleja un aumento de la conflictividad ante el fenómeno de los desalojos judiciales

  • En 2016 los jueces requerían la presencia de agentes en uno de cada diez lanzamientos y actualmente lo hacen en uno de cada dos

  • El comisario Rafel Comes avanza que han creado un grupo específico para revisar cómo debe actuar el cuerpo de seguridad

La ocupación ilegal de viviendas en Catalunya, y en el resto de España, se ha convertido en un fenómeno social que cristaliza en formas diversas, casi opuestas. No es lo mismo una familia que allana un piso vacío para procurarse un hogar que un colectivo que se instala en espacios abandonados motivado por convicciones ideológicas, o que una banda que pervierte la inviolabilidad de los domicilios para llevar a cabo en su interior actividades delincuenciales. Los datos recabados por los Mossos d’Esquadra, a los cuales ha tenido acceso EL PERIÓDICO, radiografían un conflicto poliédrico cuya intensidad se ha multiplicado en los últimos años. En 2016, los agentes intervenían solo en uno de cada diez desahucios y actualmente lo hacen en uno de cada dos. La crisis habitacional remite a una sociedad fragmentada por el reparto desigual de los bienes inmobiliarios tras años de mercadeo con la vivienda.

El comisario Rafel Comes, responsable de la Comissaria General de Coordinació Central, explica que la policía catalana lleva meses recabando datos para “conocer” mejor qué está ocurriendo. Todas las regiones policiales y también los cuerpos municipales están acumulando información para saber cuántas ocupaciones existen en los municipios catalanes. Paralelamente, los Mossos también han creado un grupo interdisciplinar que integran analistas, juristas y policías con el objetivo específico de revisar cómo están actuando. “Una auditoría interna que acabará en la redacción de un informe y unas conclusiones sobre cómo proceder”, detalla.

El trabajo no se ha completado y todavía se desconoce cuántas ocupaciones han sido protagonizadas por familias sin casa, cuántas se corresponden con acciones de la órbita okupa y cuántas son de origen criminal –moradores que usan el lugar para delinquir o forman parte de mafias que usurpan propiedades para realquilarlas o pedir un ‘rescate’ del inmueble a sus propietarios legítimos–. Sin cuantificación empírica, la primera tipología es a todas luces la realidad más frecuente.

Ocupación y desahucio

El informe distingue el fenómeno de las ocupaciones del de los desahucios. Sobre todo porque muchas de las personas que sufren los segundos no han usurpado de forma activa una propiedad. Son inquilinos de un piso del que son expulsados porque han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, el dueño ha presentado una denuncia y un juez ha ordenado que la vivienda sea retornada al propietario. Comes deja claro que los Mossos no promueven ningún desahucio salvo aquellos que pertenecen al tercer grupo: de origen criminal. Cuando los investigadores acumulan indicios de que un domicilio cobija una actividad delincuencial –un narcopiso como los que se expandieron en 2017 por el Raval o un refugio para ladrones violentos como el que cerraron en Poble Sec o en Sants recientemente– entonces los Mossos sí toman la iniciativa y piden a los jueces permiso para vaciar y clausurar inmuebles. “En el resto de casos, la policía actúa cuando se lo ordena una autoridad judicial”, subraya Comes.

Cuestionado acerca de los mal llamados ‘desalojos exprés’, el comisario aclara que cuando el delito de usurpación se ha producido de forma flagrante y los ocupantes todavía no han constituido su morada, la policía sí debe actuar si existe la denuncia del propietario.

Mossos cada vez más requeridos

En 2016 los jueces solicitaron la asistencia de agentes de los Mossos en un 12% de los 14.069 desahucios que se ejecutaron. Es decir, la inmensa mayoría de estos se llevaron a cabo sin la necesidad de presencia policial porque los ocupantes se marcharon tras recibir la notificación. En 2017, los jueces llamaron a los agentes catalanes en un 18% de las 13.308 ocasiones. En 2018 este porcentaje subió al 25%. En 2019 los Mossos ya fueron instados a participar en uno de cada de tres desalojos (30%). Y hasta el tercer trimestre de 2020, año de la pandemia y cuando menos desahucios se han efectuado (3.443 hasta el mes de octubre), los jueces han requerido a los Mossos en un 52% de los casos. Una muestra elocuente de que la conflictividad social que suscitan estas decisiones judiciales crece y de que cada vez topan con la oposición creciente de activistas que tratan de impedir que se ejecuten.

Más detenciones

Los Mossos acaban actuando de algún modo –hablando con los moradores, usando la fuerza o cargando contra activistas– el 85% de las veces que acuden a un desahucio por orden judicial. Otra tendencia que respalda el auge de la crispación se refleja en que las detenciones por lesiones o atentado contra agentes policiales eran casi anecdóticas en 2016 –hubo 6 en los 14.609 desahucios ejecutados– y en los primeros nueve meses de 2020 esa proporción se ha multiplicado –18 arrestos en 3.443 desahucios–.

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El artículo 245 del Código Penal señala que ocupar un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada –es decir, que no esté habitado–, debe ser castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y el 18 señala que el domicilio es inviolable. Nadie puede entrar sin el consentimiento del dueño o una orden judicial, salvo en caso de delito flagrante.

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