Alberto Núñez Feijóo está en plena maniobra de aterrizaje de emergencia en Madrid y ya está comprobando que no va a tener ni un día de gracia como líder conservador. Antes incluso de tomar posesión como presidente del PP, el 2 de abril, ya se le achacan responsabilidades y una que escuece especialmente: la de abrir el Gobierno de Castilla y León a la ultraderecha de Vox, un partido que surgió tras una fractura interna de los populares y que no deja de comerles espacios. Según Feijóo, la responsabilidad para llegar a ese pacto ha sido únicamente de Alfonso Fernández Mañueco, aunque toda la oposición, con el PSOE y Unidas Podemos a la cabeza, ya se la apuntan en su haber.

Después de las elecciones del 13 de febrero en las que se vio que el PP estaba destinado a entenderse con Vox, los populares no tenían prisa por cerrar un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. Decían que el calendario institucional daba margen hasta finales de mayo para que Alfonso Fernández Mañueco fuera investido. Primero, aseguraban, podía cerrarse el acuerdo para elegir la Mesa de las Cortes, el 10 de marzo, y, después, ya se vería cómo se configuraba el reparto de las carteras del Gobierno.

La implosión del PP, sin embargo, cambió esos planes. La fecha del congreso, el 1 y 2 de abril, en el que Feijóo será elegido nuevo presidente del PP obligó a acelerar el calendario para intentar separar la decisión de pactar con Vox del nuevo liderazgo del partido.

Feijóo, que lleva a gala haber frenado a Vox en Galicia, donde no logró entrar en el Parlamento en las elecciones de 2020, no ha aclarado todavía cómo se plantea la relación con la ultraderecha, ahora que va a ser líder del PP. El por ahora candidato sigue esquivando entrar al fondo de una cuestión que está desafiando a las formaciones conservadoras tradicionales de toda Europa. En Alemania y Bélgica, el cordón democrático para impedir cualquier pacto político con los partidos de extrema derecha es robusto. En Francia, cada vez es más débil y en Holanda no existe ningún tipo de veto a las dos formaciones populistas y antiinmigración que tienen escaños en el Parlamento holandés. 

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Las consecuencias para Moreno

Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, es el otro gran damnificado de esta operación cerrada por Mañueco en Castilla y León. Moreno tiene que pasar por las urnas antes de que acabe el año y este pacto entre su partido y Vox pone una alfombra roja al PSOE en una autonomía que, como recuerda a menudo el presidente andaluz, es “sociológicamente progresista”. Por eso, tardó pocos minutos en subrayar que quiere gobernar solo y rechaza incluir a los dirigentes de la ultraderecha en su futuro Ejecutivo.

Según los cálculos del PP andaluz, las encuestas dan un margen a Moreno para lograr un resultado más holgado que Mañueco. Aunque también decía eso el dirigente de Castilla y León cuando decidió en diciembre adelantar las elecciones: insistía en que los sondeos le situaban cerca de la mayoría absoluta (41 procuradores) y, por tanto, el poder de influencia de Vox sería escaso. Al final, ganó las elecciones pero el margen no fue tan amplio como esperaba. El PP obtuvo 31 escaños y Vox, 13. 

El presidente del PP europeo, Donald Tusk, afirmó este jueves que espera que el pacto en el poder de PP-Vox “sea solo un accidente y no una tendencia”. Sin embargo, algunos altos cargos consultados por este diario no solo encajaron con “normalidad” la “única salida” que tenía Mañueco ya que no quería volver a las urnas. También dijeron que “no está mal” que Castilla y León sirva de “test de estrés” ante el “escenario que se avecina en 2023”, con las elecciones municipales y autonómicas en más de la mitad de las comunidades. “Esto se va a repetir en cientos de ayuntamientos en 2023, así que mejor ver cómo funciona este acuerdo y comprobar si Vox baja o no. A Ciudadanos hemos conseguido hacerles desaparecer prácticamente después de compartir gobiernos con ellos”, analizaba un parlamentario del PP. 

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