• La fundación Catalonia crea una unidad que asesora a las personas con discapacidad intelectual para denunciar abusos sexuales, físicos y extorsión económica

  • Hasta ahora la mayoría de agresores salen impunes por la dificultad de dar credibilidad al relato de las víctimas

  • «Se pensaban que como era la tontita del pueblo podrían hacer lo que quisieran conmigo», relata una mujer que fue secuestrada y esclavizada durante dos semanas

Marta, una mujer de 41 años con un 33% de discapacidad intelectual, vivió dos semanas como esclava sexual. Un hombre la manipuló y la amenazó con un bate de béisbol para luego agredirla física y sexualmente. Como este, hay cientos de casos similares que jamás han sido juzgados ante un tribunal. La dificultad de relatar los abusos por parte de las personas con discapacidad intelectual hace que el testimonio de las víctimas no tenga la suficiente coherencia ni credibilidad ante los jueces. Pero con Marta va a ser distinto. Sus agresores serán juzgados ante la Audiencia Provincial de Barcelona. La razón tiene tan solo cinco letras: UAVDI. Marta ha contado con el apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, un proyecto único en Catalunya que aún no cuenta con un apoyo financiero de la administración.

Todo empezó en el verano de 2017. Marta, un nombre ficticio con el que se siente cómoda esta mujer que vive en una residencia de personas con discapacidad intelectual, volvió a contactar con un viejo amigo de la infancia. La mayoría de conversaciones eran a través de Facebook, pero también quedaban con cierta frecuencia. En menos de un mes iniciaron una relación de noviazgo. Él le pedía insistentemente tener un hijo, y ella se negaba sin darle más importancia. Hasta que todo se torció. «Normalmente durante el verano me voy de vacaciones con mi tío. Pero él me dijo si quería pasar unos días en casa de su madre, y acepte», cuenta con la cabeza gacha. Pasaba el 17 de julio de 2017.

Dos semanas en el infierno

Los días de noviazgo duraron poco. «Al segundo o tercer día me dijeron que tenían un bate de béisbol y que si no hacía lo que ellos querían me iban a pegar», recuerda Marta. Encerrada en un piso de La Mina (Sant Adrià de Besòs) se convirtió en la criada de la casa. «Tenía que hacer la comida como ellos querían, limpiar el polvo, fregar el suelo, hacer la colada...» No había escapatoria. Incluso cuando le llamaban por teléfono tenía a la familia detrás de la nuca recordándole lo que tenía que decir. «Y también abusaron de mí: me violaron», sentencia Marta. Aún recuerda cómo su agresor le desgarraba el vestido y las bragas. «Hasta cuando me salía sangre. Le daba igual que sangrara o que chillara«, explica.

Cuando el tío de Marta, con el que suele pasar las vacaciones, pidió saber dónde estaba ella, empezaron las pesquisas policiales. La mujer tuvo que aguantar dos semanas en aquel infierno hasta que la policía la pudo rescatar. Durante ese tiempo sus agresores también cambiaron el número titular de su prestación social para cobrarla ellos. Cuando se descubrió ese delito, del que Marta no tenía conocimiento, ya se habían embolsado 19.000 euros de la cuenta. ¿Por qué crees que fueron a por ti? «Se pensaban que como era la tontita del pueblo podrían hacer lo que quisieran conmigo», asume ella.

Marta tardó casi dos años en explicar aquellos abusos. «Tenía mucho miedo de que viniera a por mi», se defiende. «Recuerdo que oía su voz hasta en los sueños. Todo el rato. ‘Te mataré, te mataré’. No podía sacármelo de encima». El daño psicológico fue tal que Marta sufrió una crisis psicótica meses después. En 2019 lo contó todo. «Si no lo denuncias seguirá haciendo daño a otras personas», sostiene hoy con entereza.

Una unidad especializada contra la impunidad

Marta no recuerda ya las veces que ha tenido que relatar y revivir estos abusos. Y le harta. Por suerte, ella fue una de las 18 personas con discapacidad intelectual que lograron el apoyo de la recién creada UAVDI. «Me escucharon y me creyeron», dice regalando una sonrisa a Joana Colominas, la coordinadora de esta unidad. Ella estuvo más tres horas tomándole declaración. «Muy poco a poco, recordando las fechas, las horas y todos los detalles. Es muy diferente tomar declaración con personas de confianza, que conozcan su discapacidad, les dediquen el tiempo que necesiten y les puedan orientar que si lo hacen ante desconocidos. Entonces se ponen muy nerviosos, se contradicen y ese testimonio valdrá muy poco», explica Colominas. En el caso de Marta, la declaración tomada por Colominas fue la que usaron los Mossos para investigar el caso y será la que usará el juez en este juicio.

Violaciones en casa

Otra historia similar es la que vivió P. La hija de su novio, con una discapacidad intelectual del 57%, sufrió abusos continuados durante cuatro años por parte de la pareja de su madre. «Me lo contó un día, paseando el perro, justo después de que su madre cortara la relación con él». La chica le dijo que estaba contenta que lo hubieran dejado porque ese señor era malo. Y fue entonces cuando relató las violaciones anales, vaginales y orales repetidas brutalmente durante cuatro años.

P., además de ser familiar de la víctima, es abogada penal. «Que pudiéramos tener el apoyo de la UAVDI fue brutal», explica. La pericia de la unidad les ayudó en dos sentidos. «Nos dieron consejos para la familia que fueron muy importantes». Por ejemplo, no preguntar a la chica ni hacerle revivir el trauma. Pero además permitió que ya se haya abierto juicio oral contra su agresor. «Que emitan un informe sobre la veracidad de su relato y consigan que su declaración no caiga en incoherencias es la principal prueba que sostiene el delito. La mayoría de casos de este tipo acaban archivados. Esta vez no ocurrirá y este hombre pagará por todo lo que ha hecho«, añade la abogada.

Colominas asiente con la cabeza. Decidieron crear la unidad en 2017, tras los primeros talleres que impartieron los Mossos d’Esquadra en los centros de día, residencias y talleres ocupacionales de la entidad. «Cuando contábamos qué eran los abusos sexuales, las violaciones, las extorsiones… empezaron a levantar todos la mano. ‘A mí esto me ha ocurrido’, decían». Vieron como los casos acababan en nada y decidieron imitar en Catalunya un servicio que ya existía en Madrid. «Nos formamos y ahora podemos tomar declaración policial y judicial, pero también asesorar a los Mossos y a los equipos especializado de la Ciutat de la Justicia que están especializados en menores, pero no en personas con discapacidad».

Durante su primer año de vida atendieron a 18 personas con discapacidad intelectual. En 2020 han sido 35 las víctimas atendidas y 16 las consultas de sospechas. El 77% de las víctimas sufrieron abusos sexuales, en el de casos 14% fueron extorsiones económicas y el 9% recibieron agresiones físicas. Más de la mitad de los abusos fueron perpetradas por personas que no forman parte de su vida. En uno de cada cuatro los abusos fueron dentro de la familia, y en un 14% ocurrieron en los centros o residencias que les atienden.

Sin financiación pública

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A día de hoy, la UAVDI se sostiene con los fondos de la fundación Catalonia, donaciones privadas y alguna subvención pública. Son tres trabajadoras, entre ellas una psicóloga forense, las que atienden a las víctimas. «Queremos que siga siendo gratuito y que podamos seguir trabajando conjuntamente con los Mossos», dice Colominas. La policía les remite casos de toda la geografía catalana. Sin embargo, la financiación pública sigue sin llegar. «Nos gustaría poder tener más empleados para poder trabajar en la recuperación del trauma que deja cada agresión. Desgraciadamente hoy no tenemos recursos para ello».


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