«Hago un llamamiento a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos aconversar». El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, formuló su exhortación al movimiento indígena casi al mismo momento en que los gases lacrimógenos cambiaban el aire de la zona histórica de Quito. La imagen de las calles coloniales envueltas en gris lo decían todo: un nuevo estallido social pone en jaque a las instituciones como en 1996 y el 2000.

Cuando la policía desalojó las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Ecuador donde se había concentrado el movimiento indígena que exige al Gobierno la anulación del aumento del precio de los combustibles, el recuerdo de sacudidas anteriores se hizo más patente. «Hemos soportado la represión con más de 554 heridos, 929 detenidos, cinco muertos y otros tantos desaparecidos», aseguró la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) a través de Twitter. «Es incomprensible este ejercicio de la violencia«, añadía.

De acuerdo con las comunidades originarias, la incursión policial demuestra que «el diálogo que promulga [Moreno] carece de credibilidad«. La Conaie subrayó que «nos disponemos a conversar cuando se derogue el decreto» que habilita los incrementos. Pero el movimiento indígena reclama también que se dé marcha atrás en el intento de reforma laboral que, entre otras cosas, incluye la potestad estatal para rebajar el salario y los días de vacaciones de los empleados públicos. 

La alocución presidencial duró un suspiro: apenas 40 segundos. El Gobierno, señaló la Conaie, «no responde a los intereses del pueblo ecuatoriano». El ajuste es llevado a cabo en el marco de un acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha otorgado a Moreno una financiación de 4.200 millones de dólares a cambio de las medidas que han encendido la mecha de la protesta.

‘Dolarización’

La crisis, en rigor, tiene un componente que excede al actual Gobierno y es lo que se conoce como la dolarización de la economía que no es otra cosa que la renuncia a la soberanía monetaria hace 19 años. La utilización del dólar ofreció casi dos décadas de una estabilidad que se ha vuelto insostenible en las condiciones originales debido a la revaluación de la moneda de Estados Unidos y la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que perjudica especialmente a un país exportador como Ecuador.

Como el Estado no puede emitir billetes y ha sido indiferente a la fuga de capitales, no tuvo otra alternativa que recurrir al FMI. La «receta» del organismo financiero es conocida, a lo que se añadió la decisión del Gobierno de que sean nuevamente las espaldas de los más pobres las que carguen su costo: son ellos los que utilizan el transporte público y deben pagar de sus bolsillos el 78% de la eliminación del subsidio, contra el 22% de los más pudientes.

Moreno agravó los problemas fiscales desde el momento en que condonó una deuda de 4.500 millones de dólares a los grupos económicos más poderosos que dejaron de ver al presidente como un populista y títere de Rafael Correa para convertirlo en un personaje de Estado. Era cuestión de tiempo para que se hiciera sentir el malestar de los que menos tienen.

EEUU entra en escena

En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su enfático apoyo a Moreno y a «los esfuerzos» que realiza para «institucionalizar prácticas democráticas e implementar reformas económicas necesarias«. Pompeo reconoció que el Gobierno ha tomado decisiones «difíciles» aunque indispensables para «el crecimiento futuro del Ecuador y su estabilidad». Remarcó que Washington está «al tanto»  de los acontecimientos y, en alusión a Venezuela, «monitorea las alegaciones de que un actor externo esté involucrado» en las protestas .  Durante anteriores intervenciones, Moreno aseguró ser víctima de una conjura desestabilizadora de la que forman parte su ex albacea Rafael Correa y Nicolás Maduro, a quien calificó de «sátrapa».

«Algunas veces para saber de qué lado estar, es suficiente ver quiénes están del otro lado», dijo Correa sobre las palabras de Pompeo. En cuanto a Moreno, sostuvo que «el Gobierno está acabado» y «existe una salida constitucional y democrática a la crisis».

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