El principal objetivo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero no solo. El Gobierno quiere forzar el relevo en el órgano de gobierno de los jueces, pero hay otras instituciones atascadas que pretende desbloquear. Con o sin el PP. Y una de ellas es RTVE, con una dirección interina desde hace más de dos años y en manos de la periodista Rosa María Mateo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otros organismos, con la corporación concurre otra circunstancia no fácil de desliar: el embrollo legal en el que se ha sumergido el concurso público, la fórmula novedosa que los grupos pactaron para despolitizar la casa y que contaba con el plácet de los consejos de informativos. 

La última pirueta se produjo esta misma semana. Los letrados del Congreso, por petición de la Mesa (esta a su vez actuó a instancias del PP), firman un escueto informe en el que indican cómo seguir con el procedimiento. Nota con fecha 5 de octubre, de una página y a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO [aquí en PDF]. Su conclusión es que, antes de reactivar la convocatoria pública, se han de resolver las 35 impugnaciones que presentaron los candidatos, y ello ha de hacerlo la comisión mixta Congreso-Senado de control parlamentario de RTVE. 

En tanto no se solventen esos recursos, aducen los servicios jurídicos de la Cámara Baja, «no puede continuar la tramitación del concurso público, pues de tal resolución depende el número y la identidad de los candidatos que finalmente se propongan». Es decir, cuando se despejen las impugnaciones, se conocerá el número final de aspirantes y estos podrán ser propuestos para su examen por los grupos y nombrados consejeros de la corporación —seis por el Congreso y cuatro por el Senado—. De entre los diez miembros de la núeva cúpula, la Cámara Baja tendría que elegir al presidente de la tele y la radio públicas

Documento

Informe de los letrados del Congreso sobre la situación del concurso público de RTVE, a 5 de octubre de 2020.

Informe de los letrados sobre RTVE

La cuestión de cuántos y quiénes son los candidatos no es un tema menor. De hecho, es el principal escollo ahora mismo. Hace dos años, se postularon 95 personas. De entre ellas, el comité de expertos —de 17 miembros elegidos por los grupos—, presidido por el periodista Diego Carcedopreseleccionó a 20. Estos 20 obtuvieron una nota igual o superior a 65 puntos (de un máximo de 100). 

Aquella criba se hizo en diciembre de 2018. Pero de camino se cruzaron dos elecciones generales que paralizaron la continuación del concurso. En febrero, tras la constitución del Gobierno de coalición, la comisión mixta de control de RTVE reclamó un informe a los letrados para saber cómo seguir con la convocatoria. Porque, con el correr del tiempo, habían emergido dos problemas importantes. Uno, que la candidata mejor posicionada, la que quedó como número uno, Alicia Gómez Montano, exdirectora de ‘Informe semanal’, falleció en enero de este año. Y dos, que no se podía cumplir con la paridad que exige la ley, ya que de los 19 aspirantes restantes, solo tres son mujeres, por lo que sería imposible componer un consejo de diez miembros con al menos un 40% de mujeres. 

Concluido el estado de alarma, se conoció el informe de los servicios jurídicos del Senado —a la Cámara alta pertenece el socialista Antonio Cosculluela, el presidente de la comisión mixta en esta legislatura—, en el que estos acusaban a los miembros del comité de expertos al haberse excedido en sus funciones, fijando un umbral de 20 preseleccionados y una puntuación mínima de 65 puntos.

Además de la falta de consenso de los grupos, está la lucha entre expertos y letrados de las Cortes

Los letrados plantearon la resolución de los recursos y dos salidas para desbloquear el concurso: o bien se llamaba al aspirante número 21 de la lista, Juan José Baños, pero en ese caso no se resolvería la cuestión de la paridad; o bien los grupos decidían llamar a todos o parte de los 95 examinados. Con esta segunda alternativa, habría opciones de respetar el equilibrio de género. El Gobierno sí manifestó desde el primer momento que toda solución pasaría por cumplir la ley y el mínimo de un 40% de mujeres. 

Aquel informe de los servicios jurídicos incendió al comité de expertos. Estos reprocharon a los letrados que quisieran «destruir» su trabajo e «ignorar» parte de la ley de 2017, la que instituyó el concurso y encomendó a los ‘sabios’ la emisión de un informe de idoneidad de los candidatos. A su vez, ese escrito soliviantó a la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes, que en un comunicado firmado en julio cargaron duramente contra los expertos: «Resulta insostenible que la falta de argumentos pretenda salvarse con acusaciones de maniobras y connivencias opuestas a la imparcialidad». 

Alternativas «lesivas»

Pero, entre acusaciones cruzadas, nada se ha movido. Esa es la realidad. Tanto que el mes pasado los 19 preseleccionados por los ‘sabios’ firmaron una carta en la que ruegan a las Cortes y a sus grupos parlamentarios que «se afanen en llevar a término, a la mayor brevedad«, el concurso público para la elección del consejo de administración y del presidente de RTVE. No hay «razones ni fundamentos jurídicos», alegaron, que puedan avalar mantenerlo bloqueado o la desnaturalización del mismo». Y «las alternativas serían con toda seguridad lesivas para la salud democrática y para el futuro» de la corporación. 

Los candidatos y los consejos de informativos han pedido ya que se reactive el concurso

La presión continuó este 6 de octubre. Los consejos de informativos de RTVE enviaron sendas misivas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al jefe de la comisión mixta, Antonio Cosculluela, para que se den «los pasos oportunos para reactivar y concluir de forma ya urgente» el concurso público. «La extremada dilación en el tiempo» de un proceso que se abrió con la ley de 2017 ha abocado a una situación «inédita» en la casa, con una administradora provisional única, Rosa María Mateo, que lleva más de dos años al frente de la empresa pública, «ajena a cualquier tipo de control interno, debido a la ausencia de un consejo de administración». 

El Gobierno ha sido muy insistente en las últimas semanas respecto a la necesidad de renovar instituciones pendientes. Una es el CGPJ, sí, pero otras son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la propia RTVE. El Ejecutivo sí que está totalmente decidido a cambiar la ley orgánica que regula el Poder Judicial —bien para rebajar las mayorías exigidas para nombrar a los 12 vocales del turno judicial, de tres quintos a mayoría absoluta, bien para recortar los poderes de un CGPJ en funciones—, aunque aún no ha decidido cuándo impulsará la reforma. 

«Depende del presidente»

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sí confirmó que se están manteniendo «conversaciones discretas» con otros grupos para revisar la ley «con todo el consenso posible«, aunque también reconoció que no se quiere que la nueva norma sea producto de «una discusión acalorada», por lo que toda modificación exigirá de un estudio «pausado, mucho debate y mucho diálogo». Fuentes de Justicia, el departamento que está trabajando en el texto, señalaron a EL PERIÓDICO que hay varias fórmulas sobre la mesa, pero la opción final, así como el tiempo, «dependerá de la decisión del presidente».

Aún no está cerrada la vía para desbloquear el CGPJ. RTVE no precisaría otra ley

Es decir, que el Ejecutivo quiere dar un último aviso al PP para que se sume y deshaga el bloqueo, pero si no se aviene a negociar, de la Moncloa saldrá la reforma legal, aun a riesgo de que pueda ser tumbada por el TC. La reflexión compartida de los socios de coalición es la que verbalizó Montero este martes: no se puede mantener las instituciones atascadas, y singularmente el CGPJ, «toda la legislatura«, como quiere el PP.

El Gobierno se agarra al informe de la Comisión Europea, conocido la pasada semana, que mostraba la preocupación de la UE por los retrasos en la renovación del Poder Judicial, aunque al mismo tiempo expresaba sus dudas por la independencia de la Fiscalía General del Estado, ya que su actual titular, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia de Pedro Sánchez y diputada socialista. 

Además, Montero avisó al PP de que el Gobierno está dispuesto a revisar otras leyes si mantiene su «veto» a la renovación. El Ejecutivo podría cambiar también por ley la mayoría exigida para relevar al Defensor del Pueblo, que es actualmente de tres quintos. Pero el recambio del TC está tasado en la Constitución —así que no puede tocar el procedimiento— y con RTVE tiene menos problemas. La propia ley de 2017 ya indicaba que los diez miembros del consejo de administración y su presidente podían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta siempre que su candidatura fuera avalada por al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara que corresponda. 

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