«Quiero ser discreto porque es evidente que estamos trabajando en muchas cosas, pero para que algunas cosas salgan bien en tiempo y forma, hay que hacerlo con discreción. Elevarlas a rango mediático puede hacer que tarden más». Con este circunloquio dejaba entrever el pasado jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos afronta ya la decisión más explosiva en lo que al ‘procés’ independentista se refiere: el posible indulto para los nueve presos del 1-O.

Explosiva a nivel interno, pues socialistas y podemistas, como en tantos otros asuntos, no piensan igual en cuanto a la conveniencia de conmutar las condenas a los líderes del ‘procés’, de cuya sentencia se cumplirá un año este miércoles. Y explosiva en cuanto a las consecuencias que podría tener en el endiablado tablero político una decisión favorable o adversa para unos reclusos que, tres años después de pisar la cárcel por primera vez, tienen suspendida la semilibertad que les concedió la Generalitat.

El indulto permite aligerar las penas y acortar los años en prisión hasta llegar a extinguir la responsabilidad penal o, al menos, parte de ella, aunque no exime la responsabilidad civil derivada del delito y tampoco cancela los antecedentes penales. Por esa razón, la mayoría de presos independentistas han abominado del indulto y exigen la amnistía, que supone el perdón del delito, como única solución.

LAS CONDENAS DE LA SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’

SEIS MESES DE TRÁMITE

Las primeras peticiones de indulto de los condenados del ‘procés’ empezaron a llegar al Tribunal Supremo el pasado 2 de octubre. El Ministerio de Justicia inició formalmente así la tramitación de la solicitud que el abogado Francesc Jufresa presentó para todos los líderes independentistas y que fue registrada el pasado mes de enero.

La ley del indulto de 1870 obliga a recabar dos informes: el del tribunal que dictó la condena, en este caso el Supremo, y el de la fiscalía. Ambos son imprescindibles para poder elevar su propuesta de resolución al Consejo de Ministros, que es el que finalmente lo acuerda o lo deniega. Según explicó el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, en el Congreso en junio, por semestre se elevan unos 2.000 expedientes, en su mayoría desestimatorios de la medida de gracia.

La Sala Segunda del Supremo da traslado al ministerio público para que elabore su propio dictamen sobre si debe concederse un indulto total o parcial (es decir, conmutar solo una parte de la pena) a los condenados por sedición en concurso con malversación. Los fiscales encargados de hacerlo serán los que ejercieron la acusación durante el juicio y pedían penas mucho más altas que las finalmente impuestas, al entender que lo que ocurrió en Catalunya en el otoño de 2017 era rebelión.

El Supremo, en su informe, incluirá otro documento, el de Instituciones Penitenciarias, relativo a comportamiento y actitud en prisión de las personas pendientes de la medida de gracia. También puede preguntar a la Abogacía del Estado como perjudicada del delito, ya que ejerció la acusación en el juicio; y deberá tener en cuenta cuánta condena han liquidado y si han satisfecho las responsabilidades civiles a las que pudieron ser condenados.

Este informe y el de fiscalía son preceptivos, pero no vinculantes para el Gobierno. Pese a ello, Bueno destacó ante la Comisión de Justicia que el 98% de los indultos concedidos en el 2018 y el 2019 contó con al menos uno de esos dos informes a favor de la medida de gracia.

El indulto, en cifras

10.622 es el número total de indultos que se han concedido desde 1996, según el portal ‘El Indultómetro‘, de Civio.

1.744 es el récord de indultos concedidos en un mismo año. Fue en el 2000 y desde entonces las concesiones han ido descendiendo paulatinamente: 534 (año 2012), 204 (año 2013), 87 (año 2014), 75 (año 2015), 27 (año 2016), 26 (año 2017), 17 (año 2018) y 40 (año 2019).

77% es el porcentaje de indultos que el Gobierno aprobó con los dos informes favorables (el del tribunal sentenciador y el de la fiscalía) en el primer semestre del 2019. En el segundo semestre del año no se concedieron porque el Ejecutivo estaba en funciones.

1,70% es el porcentaje de indultos otorgados en el primer semestre del 2019 respecto al total de solicitudes. En concreto, 40 presos de beneficiaron de la medida de gracia.

1870 es el año en que se aprobó la ley que regula los indultos en España y su redacción permanece casi intacta. Los cambios más significativos fueron en 1988, para eliminar la necesidad de motivar su concesión, y en el 2015, para añadir la exigencia de transparencia al Gobierno informando cada seis meses al Congreso de sus decisiones.

LA VOZ DE LAS PRISIONES

La habitual redacción de un decreto de indulto –»Atendiendo a las circunstancias del condenado, y de acuerdo con la información que obra en su expediente, concurren condiciones de justicia y equidad…»– aparecía en la última gracia concedida por el Gobierno, que el pasado 22 de septiembre sacó a la calle al ciudadano Hildebrando de Jesús Noreña, condenado en el 2015 por un delito contra la salud pública.

Y esa fórmula aparecerá en el real decreto, si se promulga, de indulto de los presos del ‘procés’. Ese real decreto es el último papel oficial en el que aparecen juntos el nombre del preso y el delito por el que fue condenado. A partir de su publicación en el BOE, el expediente penitenciario del agraciado debe ser borrado.

Pero para llegar a ese punto, los dirigentes independentistas habrán debido superar antes cuatro capítulos de tramitación. Primero llega una circular del gabinete del ministro de Justicia a un gabinete técnico de una subdirección general del ministerio, que en el pasado se llamó «Subdirección de Gracia».

Funcionarios licenciados en Derecho cumplirán ahí la obligación de escuchar el parecer de la institución carcelaria –en Catalunya, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat–, lo que, en la práctica, consiste en requerir a la junta de tratamiento de la prisión el expediente del interno. «Con su lectura se valora si tiene normalizada su vida regimental o si ha protagonizado incidentes», explica una fuente penitenciaria.

    Los líderes independentistas acusados por el ’procés’, en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo.

    Los líderes independentistas acusados por el ’procés’, en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    Oriol Junqueras habla con su abogado, Andreu Van Den Eynde.

    Oriol Junqueras habla con su abogado, Andreu Van Den Eynde. /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    La sala donde se celebra el juicio.

    La sala donde se celebra el juicio. /
    (POOL / J.J. GUILLÉN)

    El presidente de la Generalitat, Quim Torra, saluda a los líderes independentistas procesados por el proceso soberanista. 

    El presidente de la Generalitat, Quim Torra, saluda a los líderes independentistas procesados por el proceso soberanista.  /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    Jordi Cuixart y Carme Forcadell, en el banquillo del Tribunal Supremo durante el juicio del ’procés’.

    Jordi Cuixart y Carme Forcadell, en el banquillo del Tribunal Supremo durante el juicio del ’procés’. /
    (POOL / J.J. GUILLEN)

    Los acusados del juicio del ’procés’, al inicio de la sesión.

    Los acusados del juicio del ’procés’, al inicio de la sesión. /
    (POOL / J.J. GUILLÉN)

    Francesc Homs intercambia un documento con Jordi Sánchez.

    Francesc Homs intercambia un documento con Jordi Sánchez. /
    (POOL / J.J. GUILLEN)

    El presidente del tribunal y ponente de la sentencia,  Manuel Marchena (derecha), junto a (de izquierda a derecha) los magistrados Andrés Palomo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta.

    El presidente del tribunal y ponente de la sentencia,  Manuel Marchena (derecha), junto a (de izquierda a derecha) los magistrados Andrés Palomo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta. /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    Jordi Cuixart, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull.

    Jordi Cuixart, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull. /
    (POOL / J.J. GUILLÉN)

    Una imagen del juicio del ’procés’.

    Una imagen del juicio del ’procés’. /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, en el banquillo del juicio del ’procés’.

    Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, en el banquillo del juicio del ’procés’. /
    (POOL / EMILIO NARANJO)

    Quim Torra, entre Damià Calvet y Esther Capella.

    Quim Torra, entre Damià Calvet y Esther Capella. /
    (POOL / J.J. GUILLEN)

    Concentración en soporte de los políticos presos cerca del Supremo.

    Concentración en soporte de los políticos presos cerca del Supremo. /
    (RODRIGO JIMÉNEZ (EFE))

    Roger Torrent, Quim Torra y otros miembros del Govern, con una pancarta a las puertas del Supremo.

    Roger Torrent, Quim Torra y otros miembros del Govern, con una pancarta a las puertas del Supremo. /
    (DAVID CASTRO)

    Un grupo de Falange protesta cerca del Tribunal Supremo.

    Un grupo de Falange protesta cerca del Tribunal Supremo. /
    (DAVID CASTRO)

    Los presos de la cárcel de Soto del Real llegan a la Audiencia Nacional.

    Los presos de la cárcel de Soto del Real llegan a la Audiencia Nacional. /
    (DAVID CASTRO)

    Los líderes independentistas salen de la cárcel de Soto del Real rumbo al Supremo.

    Los líderes independentistas salen de la cárcel de Soto del Real rumbo al Supremo. /
    (JUAN MEDINA (REUTERS))

El gabinete técnico eleva una valoración al ministro, que será quien, en el Consejo de Ministros, formalice la proposición de indulto, y el Gobierno da traslado de su decisión al Rey para su sanción. Es mero trámite, pero formalmente necesario, como el de informar al tribunal sentenciador y al juzgado de vigilancia penitenciaria.

Publicado el indulto en el BOE, el juzgado firma un oficio para la prisión. «De hecho, si falta ese oficio, la prisión no abre la puerta», explica la misma fuente. Intramuros, el preso es llamado para que recoja sus efectos personales, también los de valor y la documentación que dejara en custodia, y se vaya. En el caso de los condenados en tercer grado, basta con una comunicación del abogado para hacer que esa noche ya no vayan a dormir a una celda.

Reveses sonados

Los indultos pueden ser recurridos ante el Supremo, pero los revocados se pueden contar con los dedos de una mano. Los más sonados fueron el de un conductor kamikaze que mató a un chico de 25 años y el banquero Alfredo Sáenz. El primero lo concedió el Gobierno de Mariano Rajoy y el segundo, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo del PP conmutó al conductor kamikaze una pena de 13 años de prisión por una multa, pero el Supremo lo anuló al entender que no estaba lo suficientemente motivado. El control judicial podía intervenir de esta forma la concesión de una medida de gracia, aunque esta sea una decisión política.

Zapatero se despidió de la Moncloa perdonando a Alfredo Sáenz -condenado a tres meses de arresto y suspensión por un delito de acusación falsa- para que pudiera seguir siendo el número dos del Banco Santander. Un año después, el Tribunal Supremo anuló el indulto al entender que el Ejecutivo puede conmutar delitos y penas accesorias, pero no una norma administrativa sin carácter sancionador como son los antecedentes penales.

CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS MÁS CONVULSOS DEL ‘PROCÉS’

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