• A cuatro días de que expire el plazo para la primera votación de investidura, el acuerdo sigue en el aire

A cuatro días de la sesión de investidura, o no, de Pere Aragonès para ser el nuevo ‘president’, el pacto entre partidos independentistas que lo ha de permitir todavía está en el aire debido a una serie de piedras en el camino que deberán de sortear.

El rol de Carles Puigdemont es el gran elefante en la habitación que nadie menciona. Es la raíz del distanciamiento entre ERC y Junts. Una Generalitat con un ‘president’ que no es posconvergente pone en riesgo la presencia constante del residente en Waterloo. Se sabía antes de las elecciones. Y quizá por ello, el propio Puigdemont se colocó como cabeza de lista formal para el 14-F, aunque no jugara en campaña el papel central que muchos de los suyos ahora añoran. Esa es una de las múltiples fricciones internas en JxCat.

Esquerra no reconoce a Puigdemont más allá de que sea un «represaliado» que cuenta con toda su solidaridad. Pero le niega el papel de ‘padre moral’ del independentismo. Entre otras cosas, porque las figuras no partidistas no se enrolan como cabezas de lista de partidos que ellos mismos han creado para pelear por el poder.

Así las cosas, ERC prefiere que el órgano extragubernamental de decisión del independentismo sea el de siempre, el que forman los tres partidos parlamentarios y las dos entidades, Òmnium Cultural y la ANC. Para ERC, el Consell de la Republica es solo un amuleto más de Puigdemont para desgastar a ERC. En cambio, el ‘expresident’ y su entorno pelean por que el Consell sea el referente exterior y el gran aglutinador, pues en él conviven todas las facciones independentistas… salvo Òmnium y buena parte de la CUP. Junts desafía a Esquerra a forjar un pacto más sólido y, sobre todo, a tener una estrategia alternativa a la del Consell, que no es otra que la de Puigdemont y su «confrontación inteligente» con el Estado, desdeñada abiertamente por los republicanos.

La hoja de ruta independentista

ERC afirma que si algo ha aprendido del ‘procés’ hasta 2017 es que no se debe de fijar una fecha que acabe convirtiéndose en una soga. Para los republicanos, hay un acuerdo «prácticamente cerrado» con Junts por el que se emprenderá la vía del diálogo con el Estado, como mínimo, hasta el final de la legislatura española, a finales de 2023. Llegados a ese punto, sabedores de que los réditos del diálogo serán escasos, se plantea una nueva negociación sobre qué hacer a partir de ese momento.

En cambio, Junts quiere concretar que la alternativa a esa negociación con el Estado, en la que no cree Puigdemont, sea un paso adelante hacia la independencia. JxCat está maniatada por el discurso de Laura Borràs en campaña, que sorprendió incluso a los suyos prometiendo otra declaración de independencia en esta legislatura. Así que Junts dice necesitar concreciones a favor de sus tesis más unilateralistas, de la mano de la CUP, a la que aquí consideran su aliado para ser mayoría en este terreno dentro del soberanismo.

La prioridad de ERC, junto con la solución al conflicto con el Estado, es la reconstrucción de Catalunya tras la crisis pandémica. Para ello, el elemento clave son los fondos europeos, que consideran intrínsecamente ligados al ‘president’. Y no cederán. En cambio, Junts necesita situar a un vicepresidente o vicepresidenta con poderes económicos, probablemente en manos de Elsa Artadi, que regresaría al Govern. Habrá que hilar bien el área de poder de Artadi respecto a las exigencias de ERC.

En el pacto de 2017, Esquerra asumió las carteras de mayor peso, como Salut, Educació y Economia, algo de lo que Junts sigue arrepintiéndose. Del intercambio de cromos con aquello que los republicanos saben que Junts puede desear, como conservar la Conselleria de Territori dependerá que se desencalle la negociación. JxCat quiere pilotar áreas sociales clave para demostrar capacidad de gestión.

El diálogo no se ceñirá a los nombres de los departamentos, sino que incluirá un puzle de direcciones generales que se moverán de departamento. Y no solo. Por ejemplo, el control de los medios públicos de comunicación cotiza como una ‘conselleria’. Y de las importantes.

Los republicanos vierten grandes esperanzas en que la CUP les ayude a vencer la resistencia de Junts y poder decantar la obra de Govern hacia la izquierda. Los anticapitalistas, de hecho, se quejan de que Junts no contesta a sus propuestas por escrito. Así, de momento, la entente ERC-CUP es cordial y se han creado varios grupos de trabajo, no solo sobre políticas sociales. La de Interior, con la discusión de un nuevo modelo policial, puede encender un nuevo frente entre ERC y Junts, donde conviven tesis cercanas a la CUP con otras, como las exhibidas por el ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper, entre otros, más cercanas a las de un partido de centro.

Con todo, Esquerra duda de que pueda contar con el apoyo anticapitalista en la primera votación de la investidura de Aragonès. Pero al tiempo ve más que factible, incluso lógico, que, mediante las abstenciones que se precisen, la CUP permita finalmente la elección del candidato republicano.

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Que Laura Borràs presida la Cámara es sinónimo de una voluntad, de nuevo, de situar al Parlament como batalla insumisa ante las leyes y las resoluciones judiciales del Estado. Falta por ver qué actitud tomará ERC, si la de rehuir los «fuegos de artificio», como se tildaron en su día a estas acciones simbólicas sin apenas beneficio práctico, o entrar en el juego, concentrando en la Cámara toda la artillería de la desobediencia y descargar, a la vez, al Govern, de estas batallas.

De momento, los republicanos han nombrado a uno de los acusados por la organización del 1-O, Josep Maria Jové (en espera de juicio), como presidente del grupo parlamentario. Borràs y Junts cuentan con que, de entrada, Esquerra permita el voto delegado del ‘exconseller’ Lluís Puig, diputado y residente en Bélgica. Pero ERC y el PSC también suman mayoría en la Mesa del Parlament. Por ello, JxCat quiere atar un pacto por el que entre independentistas no habrá disidencias en cuanto se tomen decisiones sobre la soberanía del Parlament ante los conflictos con el Estado.

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