Laura Borràs asumió hace un año la presidencia del Parlament dispuesta a ser el contrapoder del ‘president’ Pere Aragonès. Las urnas le dejaron sin oportunidades de batallar por el mando de la Generalitat, así que optó por coger las riendas de la Cámara catalana y lucir su perfil desde este cortijo propio, actuando como un verso libre y exhibiendo una agenda repleta de encuentros institucionales. “Es infatigable”, subrayan sus estrechos colaboradores. En sus primeros doce meses como presidenta, Borràs ha chocado con las dinámicas de un cuerpo funcionarial pequeño y determinado, con los recelos entre el independentismo y con su propia retórica desobediente.

Borràs se acomodó en su despacho y perfiló los primeros cambios. Revisó las nóminas y solicitó información sobre los trienios y las polémicas licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que podían acogerse aquellos que tuvieran más de 60 años y hubieran trabajado al menos 15 en la institución. Relevó a Xavier Muro como secretario general del Parlament y puso en su lugar a Esther Andreu, de su confianza, junto a Miquel Palomares como letrado mayor y el que había ocupado este cargo, Antoni Bayona, seguía como letrado. Pero el cuerpo de letrados, en una institución tan pequeña, arrastra desconfianzas y desavenencias que han acabado estallando.  

La presidenta reformó el recuento de los trienios (del 5%) en noviembre para que se contaran según la categoría laboral que se ejercía en cada momento y no sobre el salario vigente. Esto pasó sin pena ni gloria, pero cuando se destapó el coste de las licencias por edad, la secretaria general y los letrados empezaron una batalla interna que ha terminado saliendo a la luz. Primero, sobre qué información debía aportarse a la petición del diario Ara –desatando dos dimisiones del órgano de transparencia-; después, por la denuncia de una archivera que formaba parte de este ente a Bayona por presunto acoso psicológico; y, finalmente, por la retirada de competencias que Andreu había dado a Palomares y Bayona tras encargar un informe sobre la revocación de las licencias con el que no estuvo conforme. «La presidenta ha intentado poner orden, pero aquí hay pugnas personal que vienen de años atrás», sostiene una fuente cercana a Borràs, pero varias voces de la oposición afean a la presidenta que no ponga orden ante estos hechos que “dañan” la imagen del Parlament.  

En otro rango, y también a cuenta de las licencias por edad, se abrió otra disputa que los funcionarios ya han puesto en manos de abogados porque los grupos parlamentarios terminaron suprimiendo el artículo que regula esta paga sin negociación con la plantilla. Y a esto se le añadió la gestión de Borràs sobre la retirada del escaño al cupero Pau Juvillà, que acabó cargando a los trabajadores el acatamiento a la Junta Electoral Central (JEC) afirmando que ella no había dado instrucciones para retirar el acta. 

Las relaciones entre ERC, Junts y CUP siguen moviéndose en el mar de la desconfianza. Pero Borràs ha pasado por encima incluso situándose como un cuarto actor en discordia a ojos de republicanos y anticapitalistas. Las gesticulaciones de la presidenta han sido una constante fuente de conflicto a cuenta de su predecesor, Roger Torrent. Como cuando Jaume Alonso-Cuevillas dejó la Mesa que terminaba de estrenar por decir en una entrevista que desdeñaba tramitar resoluciones simbólicas que pudieran provocar la “inmolación” de cargos electos sin mayor recorrido. O cuando Borràs quiso otorgar a los «represaliados» por el ‘procés’ las Medallas de Honor, un tiro en el pie, porque algunos de los que pretendía premiar la plantaron y la criticaron por esta «simple operación estética», algo que Borràs intentó salvar lanzando dardos al Govern por las acusaciones judiciales a manifestantes, a sabiendas de que esa responsabilidad está en manos de ERC.

Todo estalló a cuenta de la suspensión de Juvillà, que acabó situando a Borràs entre las cuerdas y, ella, culpando a los socios independentistas de ponerla al borde del precipicio para que desobedeciera sola. Su presencia en el corte independentista de la Meridiana, desautorizado por Interior, se interpretó como una forma de redimirse ante los sectores más radicales y como un pulso a la parte republicana del Govern.

Borràs, convertida en la jefa de orquesta del hemiciclo, no deja pasar una y corta el micrófono a cualquier orador sin distinciones cuando agota su tiempo. Desde su puesto ha tenido con lidiar con la entrada de la extrema derecha en el hemiciclo, amparándose en el pacto ‘antiVox’ que pretende que no ahonden en la cotidianidad parlamentaria sus declaraciones machistas, racistas y lgtbifóbicas, y con Cs, llegando incluso a expulsar a un parlamentario naranja. A cuenta de los escándalos con los funcionarios y dentro del independentismo, la oposición lleva meses exigiendo la dimisión de Borràs. Tras salvar su reprobación, la presidenta sigue ejerciendo y ostenta su cartera de audiencias, con más de 140 este primer año. 

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Borràs está investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntamente fragmentar contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Con el reglamento de la Cámara vigente, Borràs debería ser suspendida de sus funciones con la apertura del juicio oral, pero los letrados elaboraron un informe encargado desde la Mesa que cuestionaba este punto de la normativa y abogaba por eliminarlo. La apertura de la reforma de la normativa interna abrirá esta batalla entre partidos, pero sólo Junts defiende la supresión del artículo 25.4. En febrero, el TSJC prorrogó seis meses más la instrucción de la causa, aunque el juez puede cerrar la instrucción antes de agotar el plazo.

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