• La presidenta del Parlament se escuda en los funcionarios y en la falta de compromiso de ERC y CUP para defender su actuación ante la suspensión del cupero

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha roto este lunes el silencio sobre la retirada del escaño al cupero Pau Juvillà. A través de los micrófonos de RAC-1, Borràs se ha negado a dimitir y ha dejado una retahíla de reproches a Esquerra y la CUP por la falta de una estrategia conjunta en respuesta a la Junta Electoral Central (JEC). Estas son algunas de las contradicciones y medias verdades de Borràs en el caso Juvillà:

Borràs se comprometió ante los grupos parlamentarios a dar explicaciones públicamente, pero las ha dado en una entrevista en RAC-1, no en sede parlamentaria. En la entrevista, ha dicho que volvería a darlas en el Parlament. “Naturalmente las daré, en la Junta de Portavoces donde hay todos los representantes porque así lo he hecho siempre”, ha dicho. Ha descartado, en todo caso, dar una rueda de prensa abierta y se ha remitido a la declaración institucional sin preguntas que hizo el martes pasado 1 de febrero. 

Borràs se ha escudado en la terminología para defender su actuación en el pleno del pasado jueves en el que no admitió la petición de la delegación del voto de Juvillà. «Yo convoco el pleno, no a los diputados. Yo admito personalmente su delegación de voto, no la acepto. Si Juvillà no hubiese sido diputado, se habría inadmitido», ha dicho, aunque después ha reculado y ha recordado que sí inadmitió la petición porque se tuvo que votar a mano alzada y Juvillà no tenía derecho a hacerlo ya que Borràs había apelado a un artículo sobre conflictos de intereses para rechazar la delegación, como aseguró en el hemiciclo.

De hecho, ha llegado a decir que en votaciones precedentes Juvillà se había inhibido de votar por incompatibilidad: «¿Qué sentido tiene pedir la delegación de voto si no podrá votar en un pleno con un único punto -la cuestión Juvillà-?». Pero no es cierto porque Juvillà sí votó el dictamen que le interpelaba directamente el 17 de diciembre, aunque se abstuvo en la votación del recurso el 25 de enero.

En cambio en el documento oficial firmado por Borràs el 3 de febrero, no se admite la delegación de voto a favor de Dani Cornellà, diputado cupaire. Con estos argumentos, Borràs trata de aparecer como defensora en todo momento del escaño de Juvillà y forzada por las circunstancias de unos servicios administrativos de la Cámara que no querían incurrir en delitos.

Tampoco es cierto que Juvillà no se pronunciara antes, porque sí contó su voto en todos los pronunciamientos, aunque finalmente se abstuviera, sí tenía derecho a ejercer su voto. De hecho, evitó votar en el pleno sobre su recurso, no sobre el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados.

Según admiten fuentes del Govern conocedoras del conflicto jurídico existente, el supuesto plan esgrimido por Borràs se podía mover en el terreno de la gesticulación, únicamente: «Políticamente se podían hacer aspaviento, sí, pero jurídicamente no había nada que hacer», zanjan estas fuentes.

La presidenta del Parlament ha sostenido que ella sí seguía defendiendo a Juvillà como diputado y que no tenía constancia de las maniobras de los funcionarios que ya estaban activando los dispositivos para acatar a la JEC. Según ella, no sabía que ya se había desactivado la votación –imposible, dado el caso de que al final se tuvo que votar a mano alzada– y tampoco que la secretaria general enviaría una carta por la noche suspendiendo al ‘cupaire’. En caso de que no lo supiera, desde ERC y CUP indican que también se trataría de una «negligencia».

Así, se ha escudado en todo momento en que ha habido una «disociación» entre lo que iban decidiendo los funcionarios del Parlament -considerar ya no diputado a Juvillà- respecto a su voluntad de mantenerlo en el cargo hasta el último pleno, aunque no permitiera su voto el jueves.

Borràs ha asegurado con rotundidad que Juvillà seguía siendo diputado hasta el 3 de febrero, pero al mismo tiempo ha admitido que «jurídicamente, administrativamente» la decisión de la JEC generó mucha tensión a los funcionarios y el día 3 Juvillà ya no recibió ni el SMS ni el mail convocándolo al pleno porque quién debía hacerlo «ya estaba bajo amenaza» de la «represión». «Es una constatación», asume la presidenta del Parlament.

«La JEC deniega la solicitud de medidas cautelares que Juvillà ha pedido al Tribunal Supremo«, ha asegurado la presidenta del Parlament. Pero no es cierto. La resolución del órgano administrativo lo que hace es considerar su pronunciamiento como firme en vía administrativa diga lo que diga después el alto tribunal sobre las cautelares. En el escrito del 27 de enero, la JEC acuerda, literalmente: «Denegar la solicitud planteada por el señor Juvillà i Ballester de suspensión cautelar de la ejecución del Acuerdo de la Junta Electoral Central, de 20 de enero de 2022, por el que se declara la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida en la condición de diputado del señor Juvillà i Ballester y se deja sin efecto su credencial. La resolución a la que se refiere es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera adoptar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el caso de que le sean solicitadas».

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Borràs ha insistido en su margen de maniobra queda reducido porque el «precedente» de la actuación de Roger Torrent sobre el caso Torra guía toda la actuación de la JEC. Es cierto que el órgano administrativo da por confirmado el cese sin esperar a la resolución de las cautelares a cargo del Tribunal Supremo, algo que no sucedió en el caso del ‘expresident’. Juvillà fue suspendido antes de este pronunciamiento, mientras que Torra lo fue una vez se agotó el recorrido. Ambos, sin embargo, lo fueron sin sentencia firme. «Lo que ha pasado en el pasado nos afecta ahora», ha insistido.

Sobre la diferencia con el caso Torra, Borràs ha esgrimido que pretendía ir más allá. La realidad es que la única diferencia es que en esa ocasión se pidieron medidas cautelarísimas, esperando que darían resultado favorable al ‘president’ en su conflicto por la pancarta independentista. La respuesta en este caso ha de ser inmediata. Y fue negativa, con una votación dividida. En esta ocasión se han pedido medidas cautelares, esperando que se ganaría tiempo, pero la Junta Electoral Central ha decidido no esperar y ha ejecutado su decisión.

Borràs ha apelado a un inconcreto «embate» contra el Estado, cuando otras fuentes del Govern apuntan a que existen otras vías jurídicamente concretas y viables: una ley electoral catalana parcial, que cree una Sindicatura electoral propia cuyas atribuciones estén limitadas, acotadas, y no incluyan la posibilidad de despojar de escaño a un diputado o diputada. Esta ley no está sujeta a ninguna legislación estatal ni a la «represión», sino a la voluntad, o no, de los diputados catalanes.

De todas formas, la presidenta ha señalado a ERC y CUP por no querer acompañarla hacia la desobediencia, aunque no ha querido desvelar cuál era su plan. De hecho, republicanos y cuperos acusan a Borràs de ocultar información y de mentir sobre cómo han ido las negociaciones, porque aseguran que siempre le han ofrecido mano tendida en las decisiones que ha tomado. «Estamos aquí porque mi propuesta no fue aceptada», ha espetado la presidenta.

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