• El Congreso aprueba la primera norma integral para atajar la emergencia medioambiental

  • La reducción de emisiones para 2030 y la no comercialización de coches de combustión son algunas de las medidas incluidas

Seis años después del Acuerdo del clima de París, España ya tiene su primera ley integral para luchar contra el cambio climático. Antes, lo único que había eran normas parciales. Ahora, como sucede en la mayoría de países europeos, existe una ley global para combatir uno de los principales desafíos del planeta: una emergencia climática producida por la actividad humana que puede tener gravísimas consecuencias. 

Con 22 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Ciudadanos, PNV y Teruel existe), cinco en contra (Vox) y diez abstenciones (PP y Más País), la ley de cambio climático y transición energética ha sido aprobada hoy en la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y remitida al Senado para su ratificación definitiva sin necesidad de regresar a la Cámara Baja. La norma es “absolutamente necesaria” porque sobre sus artículos “se apoyará la reconstrucción económica y social de nuestro país en un contexto de crisis climática y de pandemia global”, según ha remarcado la portavoz socialista, Eva Patricio Bueno.

La norma reconoce la emergencia climática y apuesta por una economía más verde y descarbonizada. En su articulado se establece que en 2040 se dejarán de fabricar coches de combustión y que en 2030 habrá una reducción del 23% en la emisión de gases de efecto invernadero respeto a 1990. Ese mismo año, el 74% de la electricidad se generará con fuentes renovables (eólica, solar…) y el porcentaje llegará al 100% en 2050, el año de la neutralidad climática.

Respecto a los coches, y de acuerdo con la norma europea de descarbonización, la ley del clima señala que los turismos y vehículos comerciales ligeros y no destinados a usos comerciales reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de 0 emisiones. Ese año dejarán de comercializarse coches de combustión. Además establece obligaciones para puntos de recarga tanto en gasolineras como edificios.

El despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con la lucha contra el deterioro demográfico. La norma establece también la prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. No se procederá a la tramitación de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos -en tierra y mar- ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas (como el uranio). Tampoco se autorizará actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del ‘fracking’, actividad que consiste en romper la roca para extraer gas natural mediante la inyección de agua a presión acompañada de sustancias químicas.

El texto mantiene la obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de dióxido de carbono y favorecer la movilidad eléctrica y el transporte público. Asimismo, la norma impulsa la rehabilitación energética de los edificios y vigila los impactos del cambio climático en la salud pública. En torno a 44.600 personas mayores de 14 años mueren cada año en España debido a la contaminaciónSon unos 19.100 fallecimientos menos de los provocados hasta ahora por la pandemia, pero la primera cifra se repite, inexorablemente, cada año y representa el 10,7% de los decesos totales en España en mayores de de edad. El cálculo lo realizó la Universidad de Harvard, en colaboración con la de Birmingham, la de Leicester y el College London, en una investigación que concluye que una de cada cinco muertes en el mundo está causada por la contaminación atmosférica provocada por el uso de combustibles fósiles, como el carbón, la gasolina o el gasóleo.

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La ley obliga al Gobierno a incluir la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las enseñanzas que se imparte en colegios e institutos. También menciona la importancia de combatir la emergencia climática desde casa, empezando por una dieta sostenible en la que se primen los alimentos de temporada y proximidad (muchos productos ecológicos vienen de terceros países, con el gasto de combustible que conlleva, y además se venden en nuestros supermercados plastificados).

Para viajar, mejor el tren

La ley insta a la creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones. El texto plantea, además, compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético, la rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes, un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones y una ordenación urbana (incluidas las zonas de costa) que tenga en cuenta la lucha contra el cambio climático.

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