• Las pesquisas tratan de aclarar si se malversaron subvenciones públicas a una entidad privada
  • Una pugna interna entre concejales socialistas se entremezcla con las investigaciones

La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha sido imputada por la Policía Nacional fruto de la investigación una presunta trama de desvío de subvenciones públicas al Consell Esportiu municipal. Estas son las principales claves del caso:

En febrero de 2020, el entonces concejal de Educación de L’Hospitalet, Jaume Graells, informa a la alcaldesa de presuntas irregularidades en el Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar que preside el concejal de Deportes, en aquel momento Cristóbal Plaza. Marín se compromete a auditar las cuentas del organismo, pero Graells opta por denunciar el caso a la Policía ante lo que considera «inacción» de la alcaldesa.

El 10 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registra el Consell Esportiu y detiene a su director, Eduard Galí, al entonces concejal de Deportes, Cristóbal Plaza, y al segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar. Los investigadores tratan de aclarar si la entidad destinó a fines particulares algunas de las subvenciones públicas que gestiona, y justificó las ayudas concedidas mediante documentación mendaz.

El papel de la Generalitat

La causa suma 13 detenidos, entre ellos los citados concejales del PSC y el secretario del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras. A todos se les atribuyen los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En el caso de Figueras, la Policía investiga si ignoró la supuesta doble contabilidad del Consell Esportiu y concedió subvenciones sin el control administrativo exigido por la ley, en connivencia con el ayuntamiento.

Según fuentes de la investigación citadas por Efe, los miembros de la trama supuestamente ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu -donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes- en sus cuentas de 2019, al presentar una presunta doble contabilidad con 900.000 euros. Al validar supuestamente sin control esta caja b, la UDEF sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto, 114.000 euros por parte del Consell Català de l’Esport y 250.000 por el ayuntamiento.

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Las consecuencias políticas

El PSC optó por mantener en el cargo y no reclamar el acta a sus dos concejales imputados. Plaza dimitió como responsable municipal de Deportes, pero continúa como edil. Alcázar sigue siendo teniente de alcalde. Marín ha rechazado dimitir y su partido ha reafirmado la «total confianza» en la alcaldesa. También el PSOE la mantiene «por ahora» en la ejecutiva. El argumento en todos los casos es que el código ético interno establece que un cargo imputado será apartado si se le abre juicio oral, no antes. Quien sí renunció a sus funciones de gobierno fue Graells, el denunciante, que continúa como concejal raso.

Según la alcaldesa, en cuanto tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en el Consell Esportiu, comprobó que las subvenciones públicas estaban «bien otorgadas», encargó una auditoría «económica, financiera y fiscal» de la entidad y citó por separado al concejal denunciante y a los dos ediles detenidos. En esas reuniones, añade la regidora, constató «contradicciones» y sospechas de que el detonante de la acusación pudieran ser «cuestiones personales y de relaciones sentimentales». Marín reconoce que la auditoría no se terminó debido a la pandemia y a la investigación policial.

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