La segunda ola de la pandemia alcanza al Gobierno tramitando un proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021 que, a buen seguro, se verá obligado a encajar una mayor acción de apoyo a familias y empresas. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre cifra en 55.588 millones el gasto del 2020 vinculado a medidas discrecionales en respuesta al Covid. Aquí se incluyen tanto las medidas de refuerzo sanitario, como las laborales (casi 34.000 millones) y sociales (casi 17.000 millones). Además de las medidas de gasto el 2020 ha encajado casi 1.000 millones de menores ingresos por medidas tributarias y avales por 159.500 millones.

Para el 2021, las medidas discrecionales de gasto apenas suponen 2.461 millones (22 veces menos que en el 2020) y, en particular, para ertes se prevé una partida de 718,5 millones en prestaciones (frente a los 17.840 millones del 2020), a todas luces insuficiente si esta medida se prorroga más allá del 31 de enero, como ya parece asumir el Ministerio de Trabajo. La Autoridad Fiscal (Airef) ha incorporado a sus cálculos una prórroga de los ertes hasta junio. 

Hay otra asignatura pendiente, que tiene que ver con la ausencia de un fondo de rescate para pymes, si bien, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha reconocido que el Gobierno trabaja en un mecanismo de apoyo a la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.

El alud de peticiones y la concentración de las mismas en un mismo periodo de tiempo ha provocado colapsos tanto en el Servicio Público de Empleo (SEPEcomo en la administración de la Generalitat, que también ha pueto en marcha ayudas, como las destinadas a autónomos. 

De momento, estas son las medidas de apoyo a familias y empresas que aún siguen vigentes para afrontar los efectos socio-económicos del virus en esta segunda ola:

Ingreso Mínimo Vital

La Seguridad Social está en pleno proceso de despliegue del nuevo Ingreso Mínimo Vital, la primera renta mínima estatal en la historia de España. Esta ayuda pensada para hogares con recursos escasos o bien inexistentes asegura un mínimo de entre 462 y 1.100 euros al mes, en función del número de componentes de la unidad familiar.

La velocidad de trámite de las primeras solicitudes contrasta con el alud de recepción de las mismas. Hasta la fecha la tesorería de la Seguridad Social ha recibido un millón de solicitudes, de las que ha tramitado y validado un total de 136.000. En la nómina de octubre abonó para ello un total de 158 millones de euros, que se añadirían a los 120 millones pagados en los meses anteriores, desde que se pusiera en marcha este subsidio el pasado 15 de junio.

Vivienda

Prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Además se amplían, hasta el 31 de enero, los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para sí.

También, hasta esa misma fecha, existe la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, que tendrán que decidir entre quitas del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años. Esta medida no afecta a los pequeños propietarios de vivienda.

Y se extienden hasta el 31 de enero las ayudas al alquiler por vulnerabilidad motivada por covid-19 de hasta seis mensualidades, con un máximo de 5.400 euros, a razón de 900 euros por mensualidad como importe máximo.

Moratoria hipotecaria

Lo que sí caducó el 30 de septiembre fue la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria con la entidad financiera al amparo de las reglas especiales que han regido desde el estallido de la pandemia. Desde el 2 de abril y hasta el 30 de septiembre, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha permitido que una moratoria motivada por el covid-19 no exija provisiones adicionales para las entidades financieras.

ERTES

Los ertes son la piedra angular sobre la que se ha sostenido gran parte de las rentas y el empleo en el mercado laboral más afectado por la pandemia. 3,4 millones de trabajadores, cerca de uno de cada cinco asalariados españoles, ha estado en un momento u otro en erte. Estos expedientes son un incentivo para las empresas para no despedir. Los trabajadores tienen asegurado unos ingresos vía la prestación por desempleo. Esta es el 70% del sueldo base, con un tope de entre 1.098,09 euros y 1.411,83 euros al mes, en función del número de hijos.

Y a las empresas se les exonera de una parte importante de las cotizaciones de estos empleados, de entre el 100% y el 50%; dependiendo del volumen de plantilla y el tipo de erte. El Gobierno ha habilitado ayudas en caso de cierre decretado por una decisión administrativa puntual, de limitación de aforo o para unos sectores concretos, identificados como los más damnificados.

La factura es proporcional a dichas magnitudes. Hasta ahora, entre prestaciones a los trabajadores y exoneraciones a las empresas, el Estado ha destinado 17.650 millones de euros. Cifra que, a final de año, previsiblemente alcanzará los 21.000 millones. Actualmente las ayudas a los ertes están vigentes hasta el 31 de enero del 2021.

Plan Me Cuida

El Plan Me Cuida es un programa habilitado desde el Ministerio de Trabajo y con el consenso de patronal y sindicatos para que los trabajadores con familiares a cargo puedan reducirse parte o toda la jornada para cuidarlos. Este mecanismo implica también una reducción proporcional de sueldo, es decir, una persona que decida reducir su jornada el 100% para cuidar a sus hijos o a un familiar directo dependiente, dejará de cobrar el 100% de su salario.

Desempleo

Subsidio para parados sin ingresos: Hace unos días, el Gobierno aprobó su, de momento, última medida del «escudo social» para blindar a los parados que hayan agotado su prestación durante la pandemia. Esta ayuda de 430 euros al mes, durante tres meses, pretende llegar a 260.000 personas. Aquellas que agotaron toda prestación o subsidio entre marzo y junio, para lo que desembolsará 330 millones de euros.

Ayuda para temporales: Los datos del mes de marzo revelaron un duro mazazo al mercado laboral, ya que casi 850.000 personas perdieron su empleo en las dos primeras semanas de estado de alarma. La masacre (laboral) se cebó con los trabajadores con un contrato temporal, que vieron como no eran renovados o no pasaban el periodo de prueba. Para ellos el Ministerio de Trabajo habilitó una ayuda de pago único de 430 euros, siempre que pudieran acreditar haber trabajado un mínimo de dos meses antes de ver extinguido su contrato.

Subsidio para trabajadoras del hogar

Las restricciones a la movilidad impuestas en el primer estado de alarma significaron para muchas trabajadoras del hogar el fin de sus ingresos. Sin trabajo no hay paga y este colectivo carece de derecho a cobrar el paro, aunque estén dadas de alta y con todas las obligaciones en regla. Para ellas se habilitó una ayuda que, de media, rondó los 380 euros y se alargó tres meses; estando actualmente fuera de vigencia. Los atrasos en los pagos fueron manifiestos, pues si bien se pudo comenzar a solicitar desde mayo, el SEPE no empezó a abonarla hasta septiembre. Actualmente está agotada y no hay previsión de que vuelva a reactivarse, ante el actual estado de alarma.

Autónomos

La Seguridad Social ha ido renovando a lo largo de la actual pandemia diferentes ayudas para el colectivo de trabajadores autónomos, siguiendo hasta ahora el esquema según el que iban mutando los ertes. En los momentos de mayor confinamiento, cerca de 1,5 millones de autónomos (casi la mitad de todo el colectivo) llegaron a cobrar la prestación especial por cese de actividad, que en la mayoría de casos era de 661 euros al mes, además de la bonificación de la cuota.

Actualmente el volumen de perceptores ha bajado, hasta poco más de 200.000 personas. Y existen dos modalidades. Una prestación especial en caso de que el negocio esté obligado a cerrar, cuyo importe será del 50% de la base reguladora. En el caso de que el autónomo estuviera cotizando por la base mínima (la más habitual), el importe sería de 472 euros mensuales. Y otra por una caída de más del 75% de los ingresos, que en dicho caso descontará de las cotizaciones que tenga el autónomo, aunque siempre asegurando la percepción de la ayuda si se agotan. Esta última es compatible con la actividad, siempre que los rendimientos no superen los 950 euros.

Bajas por inapacidad temporal (IT) 

El Gobierno ha blindado también a nivel de ingresos a aquellos trabajadores que tengan que guardar cuarentena por haber estado en contacto con un positivo, pero no estén enfermos. Para estos, la Seguridad Social equiparó el supuesto a una baja por incapacidad temporal (IT), que permite al trabajador cobrar el 75% de su salario base desde el primer día y el 100% a partir de tres semanas de baja. Para sostener este sistema de protección, la Seguridad Social ha abonado hasta septiembre un total de 1.369 millones de euros.

La prestación que no se ha llegado a aprobar, hasta el momento, es la equiparación por IT en el caso de aquellos progenitores con hijos a cargo y que estos tuvieran que se confinados por haber estado en contacto con un positivo. Esta prestación se llegó a estudiar, la Seguridad Social llegó a emitir un informe de viabilidad y, de momento, el Gobierno no estudia desatascarla.

Bono social y cortes de suministro 

Además de quienes acrediten unos determinados ingresos familiares bajos en el año anterior (como sucedía hasta ahora), podrán beneficiarse de un descuento del 25% en la factura de la luz aquellos hogares con algún miembro en paro, erte o «pérdida sustancial de ingresos» y los autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75% como consecuencia del covid. En estos supuestos especiales por la pandemia, el beneficio se extinguirá cuando se dejen de concurrir los requisitos para ser beneficiarios o hasta el 30 de junio de 2021.

El 30 de septiembre decayó la medida adoptada en abril (y renovada en julio) que prohibía los cortes de suministro de agua, luz o gas a todas las familias españolas. Ahora el corte de suministro solo se mantiene prohibido –como antes de la pandemia– para los hogares beneficiarios del bono social con un hijo a cargo o con un discapacitado o un dependiente como integrantes del hogar.

Línea de avales ICO

Tras haber aprobado una primera línea de avales de hasta 100.000 millones en marzo, que se fue desplegando hasta junio en diferentes tramos. El Gobierno aprobó una nueva línea a través del ICO por importe 40.000 millones de euros dirigida a impulsar y fomentar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial, especialmente en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% para el resto de empresas. Y el plazo de amortización se extiende hasta los ocho años. Además, la inversión deberá hacerse efectiva en el plazo de 24 meses siguientes a la fecha de firma de la operación. 

Fondo de rescate a empresas estratégicas

El Gobierno creó un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para dar apoyo financiero público a empresas que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. La fórmula de la ayuda será mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. La primera empresa en acogerse a este fondo ha sido Air Europa por un total de 475 millones de euros

Quiebras

Está suspendido hasta marzo de 2021 (un año desde la declaración del estado de alarma) el deber de solicitar la liquidación de la sociedad por imposibilidad de cumplir los plazos de pago para aquellos profesionales que hasta entonces venían cumpliendo los pagos previstos en convenios, acuerdos extrajudiciales y acuerdos de refinanciación homologados.

Además, está suspendido hasta el 31 de diciembre el deber de solicitar el concurso voluntario y no se admitirán las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores hasta esa fecha. También está suspendida la causa de disolución por pérdidas de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada en el ejercicio 2020

Control de inversiones extranjeras

El Gobierno mantiene ‘sine die’ el blindaje a las empresas españolas consideradas estratégicas. Desde marzo, si un inversor de fuera de la Unión Europea quiere tomar el control o comprar más de un 10% de una sociedad española debe obtener el permiso del Gobierno, una especie de «acción de oro» para proteger a empresas españolas del sector energético, las telecomunicaciones o la aviación. Se exime de esta autorización a las operaciones de menos de 1 millón de euros. Desde entonces solo se ha producido una opa, la de MásMóvil.

Ayudas al automóvil

Desde el 20 de octubre se pueden pedir las ayudas del plan Renove a través de una aplicación informática. Las solicitudes son válidas para compras realizadas a partir del 15 de junio. El Ejecutivo ha destinado 250 millones de euros a promover la compra de vehículos, principalmente aquellos de tecnologías ‘limpias’. Para acceder a las ayudas, habrá que entregar un coche de más de 10 años para su achatarramiento y el nuevo cuánto más eficiente sea, mayor ayuda tendrá. 

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