Quien sustituya al candidato Illa en el ministerio de sanidad, debería empezar su mandato encargando esa evaluación independiente y externa de la gestión de la pandemia que un nutrido grupo de científicos ha solicitado al Gobierno. Desde Moncloa no le dejarán. Y será un error. Porque es la mejor manera de despolitizar el análisis de la sobria gestión sanitaria del ministro Illa, oscilando hoy entre el estrambote y el ditirambo, para situarla donde merece: en el ámbito del análisis experto y del aprendizaje útil de una experiencia tan excepcional, esperemos, como la que estamos viviendo.

La pandemia está afectando de manera multidireccional a la vida y a la muerte, a la economía y al bienestar, a la libertad y a la responsabilidad, a los individuos y a los colectivos. También a los gobiernos y también a los sistemas sanitarios. Sobre estos últimos quiero hablar hoy, empezando por señalar dos hechos que asumiré como evidentes: hemos constatado la gran ventaja de disponer de un sistema sanitario general que solo vincula el derecho a ser atendido con la ciudadanía y no con el nivel de renta o la situación laboral. Y, en segundo lugar, el estrés al que la pandemia ha sometido a nuestro sistema sanitario nos ha permitido ver esas fortalezas que han sido aplaudidas por todos, pero, también, cómo le saltaban las costuras tras años de abandono, no solo presupuestario.

Muchos informes, desde hace mucho tiempo, vienen señalando, sin demasiado éxito, los riesgos de la acumulación de problemas no resueltos en nuestro sistema sanitario. La realidad aumentada que ha significado la pandemia no modifica la opinión, sino que hace más urgente la solución. Así, sigue existiendo un amplio consenso sobre la necesidad de abordar el siguiente programa de choque, con urgencia, porque muchas líneas de reforma se solapan con las cosas que todavía nos queda por hacer para que la lucha contra la pandemia sea más eficaz.

Incrementar el volumen de recursos financieros puestos a disposición del sistema sería un comienzo imprescindible. Tanto si lo medimos como porcentaje del PIB o en términos de financiación per cápita, España dedica a sanidad menos dinero que la media de países de la eurozona. Y estas cifras han retrocedido en los años de los recortes, como se ha evidenciado estos meses de pandemia. Junto a gastar más, también hay que gastar distinto. Nuestra estructura de gasto sanitario todavía se concentra, de manera excesiva, en hospitales, camas de agudos y médicos especialistas, cuando todos los análisis vinculados al envejecimiento de la población y la propia realidad del Covid apuntan la necesidad de incrementar el peso relativo de la atención primaria, la salud preventiva, el tratamiento de crónicos fuera del hospital (en domicilio o residencias medicalizadas), la incorporación de nuevas tecnologías, así como otras profesiones sanitarias como enfermería, fisioterapia, farmacia y psicología, además de médicos de familia y pediatras. Pocos discutirán, por ejemplo, la necesidad de potenciar una red de alerta temprana frente a nuevos virus que vayan a saltar de animales a los humanos después de haber tenido ya, en los últimos treinta años, diez evidencias, con diferente nivel de contagio, incluida la actual pandemia.

Aparatos, tecnología y pruebas diagnósticas, son fundamentales en la sanidad actual. Como digitalizar los expedientes y trabajar con grandes bases de datos anónimos o extender la atención domiciliaria aprovechando las tecnologías de la información, o las video consultas de supervisión que hemos descubierto estos meses. Pero también es imprescindible dignificar a los profesionales sanitarios sometidos a una triple presión: son pocos, están mal pagados y su nivel de precariedad es excesivo (más del 50% de los temporales lleva en esa situación más de seis años y un 30% solo tiene contratos de menos de tres meses). Contratar más personal, modificar su carácter estatutario e introducir incentivos eficientes, parece algo muy conveniente junto a una mayor estabilidad y una carrera profesional más clara, que no abuse de la vocación de servicio de los profesionales y de su sentido de responsabilidad.

Más recursos, para hacer cosas distintas, exige también una revisión del deficiente sistema de gobernanza de nuestro sistema sanitario multinivel y del que la pandemia está dando nuevas pruebas. Desde la gestión de las áreas de salud, hasta las gerencias de los hospitales, la reducción de la burocracia y, sobre todo, la revisión de la arquitectura institucional representada por el Consejo Interterritorial de Salud donde se sientan, para decidir, el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Hace falta más cooperación, más responsabilidad “federal” que permita al Ministerio asumir un claro liderazgo que será tanto más necesario, cuanto antes y con mayor profundidad se produzca esa reforma estructural que nos lleve desde lo que tenemos, hasta lo que necesitamos. Un giro imprescindible para nuestro sistema sanitario y que exigen los ciudadanos. Merece señalarse, en este contexto, lo conveniente de actualizar las relaciones entre sistema público y sistema privado (más de diez millones de ciudadanos tienen una póliza privada de salud), evitando el parasitismo, pero, también, el desaprovechamiento de los buenos centros privados que tenemos y que forman parte, también, del Sistema Nacional de Salud. 

La pandemia nos ha enseñado, una vez más, que prevenir es mejor que curar. Que algo tan sencillo como lavarse las manos, usar mascarilla, eludir aglomeraciones y mantener distancia de seguridad, son muy efectivos para combatir enfermedades infecciosas. Uno de los efectos secundarios del Covid es la reducción espectacular que se está produciendo en casos de gripe, reduciendo su mortalidad. La prevención como mejor tratamiento también funciona con otras enfermedades no contagiosas pero que, año tras año, son las principales causas de muerte. Algo tan sencillo como no fumar, reducir la ingesta de colesterol, evitar el sobrepeso y hacer ejercicio de manera regular, mejora de manera sustancial la salud de la población. Es cierto que, durante la pandemia, nuestra conducta individual afecta directamente a quienes podemos contagiar y eso no ocurre con enfermedades no contagiosas. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad individual en estas últimas, para evitar comportamientos lesivos para nuestra salud pero que acaban incrementando, también, la presión asistencia sobre el sistema sanitario.

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Las vacunas que se están empezando a poner en todo el mundo desarrollado y en las que hemos depositado todas nuestras esperanzas para poner fin a la pandemia, tienen dos peculiaridades: son las primeras basadas en el ARN del virus y se han conseguido en un tiempo récord. Nada de ello hubiera sido posible sin los más de treinta años de investigación básica llevada a cabo por un reducido número de científicos entre los que, sabemos ahora, destaca Katalin Karikó, una bioquímica húngara emigrada a USA y que se ha hecho merecedora, sin duda, del Premio Nobel, tras ser considerada como “la madre de la vacuna”. Ello, nos recuerda el último punto de la agenda de reforma sanitaria: el impulso sostenido a la investigación.  

Tiene mucho trabajo quien sustituya en el Ministerio a Salvador Illa, un buen ministro de sanidad durante la pandemia que, como otro ilustre antecesor suyo, Ernest Lluch, es catalán y tampoco es médico.

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