Cuando aún no ha pasado la tormenta política por el apoyo más que probable de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez afronta otro elemento de tensión: las dos enmiendas que Unidas Podemos firmó con la formación aberzale y con ERC para suspender todos los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2022 y para impedir todos los cortes de suministros (luz, agua y gas) durante el estado de alarma. El PSOE se vio sorprendido por el gesto de su socio de coalición, considera «desleal» que pactara una modificación a las cuentas públicas a sus espaldas y escenificara esa entente, precisamente cuando el partido y el propio presidente no dejan de insistir en que quieren unos PGE transversales, «de país», que reciban amplios apoyos, a izquierda y derecha. 

Pablo Iglesias da plena cobertura a ese pacto que defendió su grupo en el Congreso. «No nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias. Gobernar es eso», escribió este miércoles en Twitter, cuando era consciente del malestar y sorpresa de la parte socialista del Ejecutivo. De hecho, el martes, Unidas Podemos presentó esa doble enmienda con ERC y Bildu mientras en la Moncloa se seguía la rueda de prensa de la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero. A esta le pilló desprevenida la noticia y confesó no conocer ese movimiento de los aliados de coalición. 

Fuentes de Unidas Podemos relataron que ya el viernes pasado Iglesias conversó con Sánchez sobre la necesidad de profundizar el abordaje de los desahucios, y el presidente le respondió que en todo caso esa divergencia debía abordarse entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos. El martes, el portavoz morado, Pablo Echenique, informó a su homóloga del PSOE, Adriana Lastra, de la modificación acordada con ERC y Bildu. «Y no nos pidió la retirada de esa enmienda«, remachan desde el grupo morado. 

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Enmienda de Unidas Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado para prohibir los desahucios y los cortes de suministros. 

Enmienda antidesahucios de UP, ERC y Bildu

La versión de los socialistas es sensiblemente distinta. Desde el entorno de Lastra señalaron a EL PERIÓDICO que ella trasladó a Echenique que el tema ya había sido debatido ampliamente en el seno del Gobierno, que se había llegado a un acuerdo entre los dos socios y que, por lo tanto, no la respaldaba. Las mismas fuentes socialistas recalcan que Lastra pidió a UP que no presentaran esa enmienda y que los dos grupos tenían el acuerdo de que solo registrarían las propuestas de modificación de manera conjunta, excepto las que se firmaron con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), porque su diputado, José María Mazón, pidió que en el papel solo aparecieran su formación y el PSOE. 

Este miércoles, en ‘Al rojo vivo’ (La Sexta), el presidente de los morados, Jaume Asens, aseguró que a Echenique no se le manifestó desde el PSOE una «oposición» a las enmiendas pactadas con ERC y Bildu. «Es una cuestión de sentido común, no puede haber desahucios en una pandemia. No se puede pedir a la gente que se quede en casa mientras se les echa». Asens negó que UP se comporte de manera «desleal«, puesto que su grupo estaba siendo «leal» al acuerdo de gobierno, al programa y a los objetivos del Ejecutivo de coalición. «Ayer [por este martes] había una oportunidad para mejorar ese acuerdo de Presupuestos y ahora vamos a negociar y estamos convencidos de que el PSOE estará de acuerdo», defendió. Sin embargo, los socialistas en absoluto comparten el contenido de la enmienda, como certificó también en el programa el diputado José Zaragoza, miembro de la cúpula socialista en la Cámara baja.  

Los morados apuntan como responsable de la negativa a dar un paso más en la paralización de los desahucios a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y no tanto a Ábalos. De hecho, la vicepresidenta económica aseguró en Onda Cero este miércoles que no juzga «preciso plantear un conflicto» en este asunto cuando los dos socios están de acuerdo en «proteger a las personas vulnerables». «Hay que evitar los desahucios pero también garantizar la seguridad jurídica«, sostuvo. La vivienda, defendió, es una de las «prioridades» del Ejecutivo, y de hecho existe una prohibición de desahuciar a personas en situaciones de riesgo hasta el próximo 31 de enero. «¿Qué quiere que le diga? Hay acciones que lo que buscan es la visibilidad», respondió, informa Europa Press. 

La vicepresidenta económica no ve necesario plantear un «conflicto» y recuerda que Montero es la competente

Además, Calviño reconoció que se sentiría «más cómoda con el apoyo del PP» a los PGE, y por ello no entiende que su posición no sea «constructiva». «Tenemos que buscar el máximo apoyo a unos PGE que son buenos para el país». Siguiendo la línea argumental del presidente, insistió en que no es momento de «vetos cruzados», de «manifestar preferencias», sino de «tender la mano e incorporar al máximo de votos y diputados». Otro rejonazo a Iglesias. Y aún deslizó otro más: en materia presupuestaria, la «competente» es la ministra de Hacienda. 

Ábalos, preguntado este miércoles por los periodistas, tampoco se desvió demasiado de los argumentos de Calviño. Dijo haber tenido conocimiento de la enmienda «por la prensa«, y recordó que la posición que asume el Gobierno es la que pactaron los dos socios a finales de octubre [aquí en PDF], justo la víspera de la presentación de los PGE. En aquel momento también hubo forcejeo dentro del Gobierno, y se llegó al consenso de que la Ley de Vivienda, de la que serían coproponentes la Vicepresidencia Segunda y Transportes, llegaría al Consejo de Ministros en tres meses y en cuatro al Congreso. 

Bandera de Podemos

El también secretario de Organización socialista subrayó que la «sensibilidad» del Gobierno es «evidente», y «seguro que es insuficiente» la cobertura social aprobada, pero al mismo tiempo hay que «generar un ámbito de certeza y seguridad jurídica, para que no genere una mayor incertidumbre«. Ábalos se manifestó «abierto» a buscar soluciones, no solo en el terreno de los lanzamientos, sino en la cuestión de las soluciones habitacionales, y eso explica el aumento de los recursos destinados a vivienda contenidos en los PGE. «El debate no me asusta», zanjó. 

La política de vivienda es una bandera que ha enarbolado Podemos desde su nacimiento y a la que no está dispuesto a renunciar. Está en su ADN porque justo emergió cuando se multiplicaban los desalojos por la fuerza. Ahora, los morados quieren evitar a toda costa los lanzamientos en plena pandemia. De ahí su presión constante. 

Sin embargo, UP ha cruzado, a ojos del PSOE, una línea muy sensible, al visibilizar la discrepancia y firmar una enmienda con Bildu y ERC, sus aliados preferentes, pese a que el presidente quiere abrir la mirada e incluir a Cs. Los socialistas ven, hoy por hoy, difícil apoyar esa propuesta, tanto por las formas empleadas por sus socios, como por el contenido, estirando la prohibición de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2022. 

«Es una deslealtad«, «es extravagante porque los Presupuestos son del Gobierno y se aprobaron en un órgano colegiado», «reivindican su espacio pero hay formas y formas de hacerlo», apuntan distintas fuentes de la cúpula socialista y del Ejecutivo que, no obstante, añaden que «llueve sobre mojado«. Sánchez ha naturalizado la discrepancia y en su partido cada vez sorprende menos que sus socios aprovechen el martes, el día del Consejo de Ministros y de mayor exposición del Gobierno, para lanzar su mensaje. «Es hacer política a codazos. Pero no hay que dramatizar. La coalición sigue y esto se remansará. Es cierto que UP no es un socio pasivo, desde luego, aunque nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero podía ser más difícil aún», indica un mando de la Moncloa. En el PSOE recuerdan, además, que sus formas son otras, tienen «otro oficio, otra cultura distinta«, otra lectura de cómo estar en el Gobierno. 

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