El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero y la excúpula política de la policía catalana «no solo omitireron toda actuación tendente a evitar el referéndum» del 1-O, «sino que contribuyeron a poner a los Mossos al servicio del plan secesionista» en conivencia con los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, y «desde luego permitieron y preveieron la actuación popular de confrontación con las autoridades del Estado», ha asegurado este lunes el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Ángel Carbajo, para defender la acusación de sedición vertida contra los que fueran máximos responsables de la policía de la Generalitat.

La acusacion pública ha querido dejar pantente de entrada que el juicio, que entra en su recta final, que «no ha sido contra los Mossos», sino a unos mandos que se dediciaron a hacer «otras cosas diferentes a las que tenían que haber hecho», destacando que la «única responsabilidad individual y personal» es del mayor Trapero, del exdirector general del cuerpo policial Pere Soler y del exsecretario de la Conselleria d’Interior César Puig.  En su discurso, recalcó la «pasividad absoluta» de los Mossos durante la jornada de referéndum con el objetivo de «aparentar normalidad» y «garantizar» la consulta con una «actuación ineficaz».

La acusación pública ha basado sus argumentos no solo en los hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el ‘procés’, sino en la justificación jurídica para no considerar que la actuación de los ahora acusados no fue rebelión, sinó sedición. En este sentido, el teniente fiscal ha sostenido que la actuación del mayor de los Mossos el 1-O le sitúa en la «órbita directa» de la comisión de este delito y ha defendido que es el «realmente» aplicable en este caso. 

Simple apariencia

A su entender, la actuación de la policía de la Generalitat «fue básica para dotar de apariencia institucional y ejercicio de un derecho democrático el 1-O, cosa que no existió.» «No hicieron una actuación contudente», ha precisado, para añadir que «la excusa de mantener la paz social ha sido un mantra que se ha sentido durante el juicio (…) los Mossos no actuaron para evitar el referéndum», insistió. Según la acusación pública, «hubo una atuación de convivencia» con el referéndum unilateral, pues «la actuación de los Mossos tenia como objetivo la apariencia del cumplimiento de las resoluciones judiciales encaminadas a impedir el referéndum».  Para Carballo, el cuerpo catalán actó con «tibieza» y «dejación consciente y voluntaria» de sus obligaciones. «Era evidente que no había ningún deseo real de evitar el 1-O», ha dicho. Ha hecho mención en su alocución a la vigilancia y seguimiento de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

El fiscal ha subrayado que Trapero afirmó que «sintió cierta incomodidad» ante los planes de celebrar la consulta soberanista por parte del Gobierno de Carles Puigdemont, pero el fiscal se ha preguntado: «¿Que hizo para no sentirse incómodo?». Así, ha puesto en duda el plan para detener al entonces presidente catalán del que el exjefe de los Mossos del que ha hablado el mando policial y vinculado el su ascenso a mayor de la policía autonómica con la «confianza» que mostraban en él los dirigentes políticos para poder llevar a cabo su proyecto independentista.

El representante del ministerio público ha tirado sus dardos contra el mayor: «La responsabildiad de lo que hicieron los Mossos el 20 de septiembre del 2017 (asedio a la Conselleria d’Economia) y el 1-O es suya». «Es curiosa tanta pasividad ante el referéndum y después nos diga que estaba dispuesto a detener a Puigdemont», ha ironizado. Y ha recalcado sobre el 20-S que «fue una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial».

Sedición y no rebelión

Los fiscales están defendiendo este lunes en su informe final en la Audiencia Nacional sus argumentos para acusar al mando policía y  al exdirector general del cuerpo policial Pere Soler y al exsecretario de la Conselleria d’Interior César Puig de presunta sedición, después de que desistieran de seguir atribuyendo a los exaltos cargos el delito de  rebelión en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el ‘porcés’. La acusación pública ha dejado abierta, además, la puerta para que ningún encausado ingrese en la cárcel , introduciendo como pena alternativa la desobediencia, delito que está solo castigado con multa e inhabilitación.

En cuanto a las condenas solicitadas no supone un gran cambio, porque para los tres principales acusados la petición fiscal inicial era de 11 años de prisión y con la sedición, al aplicarles el tipo agravado de las autoridades, solo ven reducida la propuesta de pena en un año.  La intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada la petición fiscal: cuatro años de cárcel. Pero también está afectada por la propuesta alternativa de desobediencia.  Con este delito no habrá pena de cárcel para ninguno de los cuatro acusados, ya que la petición fiscal por él es de un año y ocho meses inhabilitación para cargo público y de multa de 60.000 euros para Trapero, Soler y Puig, y un año de inhabilitación y multa de 30.000 euros para Laplana.

Una defensa contundente

Tras el informe fiscal, será el turno de las defensas. Trapero desplegó una línea contundente desde que declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, al esbozar un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado tras la declaración unilateral de independencia por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a los que incluso mandó sendas cartas para ponerse a su disposición. 

La fiscalía, sin embargo, sostiene que Trapero, Puig y Soler, así como el entonces ‘conseller’ d’Interior Joaquin Forn “idearon conjuntamente” los pasos a segui5 durante los días 29 de septiembre hasta el dia 1 de octubre. Así, a su entender, “aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial”, diseñaron un plan de “actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz” para la jornada del referéndum unilateral, proviendo “la inacción y dejación de funciones” de los miembros de los Mossos. De esta manera, subraya, contribuyeron “de forma decisiva” a la movilización ciudadana que, “con su fuerza coaxtiva”, pretendía “el cumplimiento de sus objetivos secesionistas”, en el marco de “un proceso tutelado por un cuerpo policial armado como los Mossos”.

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