• El ministerio público acredita un conjunto de actuaciones irregulares del exjefe del Estado desde 2008, antes de que abdicase

La fiscalía ha dado a conocer este miércoles los dos decretos con los que se pone fin a las investigaciones realizadas a Juan Carlos I por el cobro de una supuesta comisión por la construcción del AVE a La Meca, por el uso de tarjetas opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque la investigación llevada a cabo no permite castigo penal al rey emérito por insuficiencia de indicios incriminatorios, por prescripción de delitos, por inviolabilidad del Jefe del Estado o por su regularización fiscal, sí se detectan algunos delitos y la fiscalía considera que sus indagaciones han permitido «recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas».

Fraude a la Hacienda pública

La fiscalía empezó a indagar en un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por 12 empresas españolas y dos saudíes, y si existía una posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I era titular.

Cuenta en el banco Mirabeud en la que desde 2008 hubo diversos movimientos hasta el 2012. Se abrieron hasta cuatro cuentas distintas. La examante de Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein recibió en el 2012 384 mil francos en una cuenta abierta en una entidad financiera de Nassau. En una de las cuentas vinculadas al emérito se ingresaron en el 2010 1,41 millones de euros (1,89 millones de dólares) procedentes “al parecer” del Sultán de Bahrein.Hubo una cuarta cuenta destinada a “inversiones con valores británicos” por parte de Juan Carlos.

Finalmente, en el 2012, el emérito transfirió todos los activos de LUCUM a la cuenta de Corinna como “donación irrevocable”. Todos estos movimientos se hicieron, siempre según la fiscalía sin declarar a Hacienda “las rentas y rendimientos obtenidos” desde el 2008 al 2012. Ni en el 2012 ni en años posteriores el emérito presentó declaración informativa de los bienes y derechos en el extranjero. La fiscalía establece dos hipótesis sobre el origen del dinero. O una donación u otro concepto de naturaleza desconocida. En uno y otro caso, Juan Carlos defraudó por encima, con creces, del importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito». Pero su responsabilidad queda extinguida por la prescripción del delito hasta 2012 y, a partir de entonces, por su inviolabilidad como Jefe del Estado. 

En cuanto al regalo de armas de fuego que le regaló Álvaro de Orleans-Borbón, si bien la donación queda sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, la cuota tributaria asciende a 30.411,14 euros, «notablemente inferior» a los 120.000 euros que fijan el umbral del delito.

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Cohecho y blanqueo de capitales

Ahora bien, la fiscalía no ha podido establecer vinculación alguna entre el ingreso y la adjudicación del proyecto de alta velocidad, por lo que tampoco ha podido probar si tiene que ver con el cobro de una comisión. «Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho«, aunque, de todas formas, ya ha prescrito. Las operaciones que se hayan llevado a cabo tras el ingreso de 64.884.405 euros podrían encajar en un delito de blanqueo de capitales. Pero se concluye que sólo se dispone de un hecho, el regalo de 100 millones, y una constatación: que esta conducta se encontraría hoy prescrita. La fiscalía apunta también la existencia de indicios de que este movimiento económico constituyese un delito de blanqueo de dinero, no prescrito, y constatable por ejemplo en la transferencia que hizo a Corinna en el 2012. No prescrito pero sí cubierto de nuevo por la inviolabilidad que protegía a Juan Carlos durante el ejercicio de su mandato como jefe del Estado.

Finalmente la fiscalía apunta que estos hechos también habrían quedado en nada porque terminaron en 2012, cuando Juan Carlos era inviolable. 

La fiscalía no ha podido establecer que haya una contraprestación por el importe total de 516.606,32 euros en transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza «y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto» Juan Carlos I. Ahora bien, estos traspasos están sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones y el 9 de diciembre de 2020 el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria 556.412,50 euros y los correspondientes recargos e intereses de demora.

Por otro lado, el ministerio fiscal ha analizado los gastos sufragados por la fundación Zagatka -constituida en Vaduz el 1 de octubre de 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón– pero «no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la fundación ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad». Ahora bien, sí ha podido confirmar que «abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos I, sus familiares y allegados», algo que el rey emérito regularizó en febrero de 2021 con autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 de un total de 4.416.757,46 euros.

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