Donde había uno de los diez embalses más caudalosos de España no queda hoy más que el cauce solitario y enclenque del río Esla. La falta de agua ha aflorado viejos puentes sumergidos y ha agrietado el lecho de la presa zamorana de Ricobayo como si una sequía épica se hubiera cebado con sus riberas. “Con la pandemia había venido mucha gente, pero nos han dejado un desierto. Lo miras y no te lo crees. El impacto medioambiental es terrible”, se lamenta al otro lado del teléfono Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro, uno de los 19 pueblos ribereños que viven de este embalse hidroeléctrico. Decenas de negocios han perdido la temporada estival. Varios pueblos han tenido que recurrir a los camiones cisterna para su suministro. Y el ecosistema ha quedado seriamente amenazado por el brusco desembalse de las aguas

Ricobayo no está solo, por más que sea el caso más extremo de los embalses vaciados por las hidroeléctricas desde la pasada primavera y, particularmente durante el verano, a medida que los precios de la luz se disparaban con el cambio tarifario. De estar al casi 60% de su caudal en la primera semana de junio, ha pasado a quedar por debajo del 11% de su capacidad. “Hubo temporadas que el agua bajaba hasta 70 centímetros diarios”, exclama Ismael Rodríguez, representante del sector privado de los pueblos limítrofes al embalse. Clubes náuticos, empresas de multiaventura, restaurantes u hoteles, por no hablar del verano lacustre de los habitantes de la región, han visto como su negocio se secaba a la misma velocidad que el embalse.

“Esta era una región ya muy castigada por la despoblación, pero al quitarnos el único recurso que nos queda, el agua, se ha hundido toda la economía del territorio. No te puedes imaginar cuánto”, afirma Rodríguez. No solo ha pasado en Zamora, la provincia española que más población ha perdido desde 1975. Otros tres embalses hidroeléctricos explotados por Iberdrola han visto cómo su caudal mermaba de forma alarmante. Valdecañas, en Cáceres, ha perdido el 60% desde el 15 de junio. As Portas, en Ourense, el 76%, y Cenza, en la misma provincia gallega, el 54%. Estos dos últimos rondan ahora el 15% de su capacidad. 

El motivo no es otro que la decisión de la compañía vasca de aumentar la producción energética desde estas centrales, dejando caer más agua desde sus saltos para que sea procesada por las turbinas, una explotación intensiva que ha pasado por alto los intereses de las poblaciones vecinas a sus concesiones hidroeléctricas. Algo parecido a lo que ha hecho Naturgy en Belesar (Lugo), que ha perdido el 50% de su caudal desde mediados de junio, y Salas (Ourense), el 48%. La actuación de ambas eléctricas está siendo investigada por el Gobierno, después de que la ministra Teresa Ribera calificara de “escandaloso” el “vaciado drástico” de Ricobayo y Valdecañas. 

Las eléctricas niegan irregularidad alguna en su actuación. Iberdrola inscribe lo sucedido en Ricobayo dentro de la “normalidad” y habla de otros precedentes, al tiempo que considera que sus embalses “están cumpliendo con su función en el momento más necesario: producir energía para el suministro de la demanda y desplazar a las tecnologías más caras en la conformación del precio de la electricidad”. Pero ni los pueblos afectados ni los expertos consultados recuerdan desembalses semejantes fuera de las épocas de sequía. O al menos, sin una causa mayor. 

“No había sucedido nada igual de forma tan abrupta y en tantos embalses. Han turbinado para maximizar los beneficios”, afirma Fernando Prieto, doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad. La explicación habría que buscarla en la forma en que se determinan los precios en el mercado mayorista de la electricidad en España, negociados diariamente con un día de antelación. “La última tecnología que entra en la subasta es la que fija el precio, por eso entraba siempre algo de gas o carbón. Lo que está pasando últimamente es que se está casando el precio final con la energía hidroeléctrica en muchos momentos. Es decir, se está vendiendo agua a precio de gas”. 

La ruina veraniega de las regiones afectadas ha hecho aflorar viejos agravios, desde la “deuda histórica” que a ojos de muchos tienen las hidroeléctricas con las tierras donde se asentaron, al sentimiento de abandono de la España vaciada. Una vez más atropellada una vez más por fuerzas más poderosas que sus gentes. “Este tipo de acciones solo contribuyen a vaciar todavía más la zona”, dice alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía. Su municipio, con más de 200 kilómetros cuadrados y solo 535 habitantes, bordea las dos presas gallegas afectadas por la sobreexplotación de Iberdrola. “Los pocos jóvenes que llegan son emprendedores, pero si les castigamos a impuestos o les quitamos el trabajo, como les ha ocurrido a las empresas de turismo activo, es imposible que se asienten”.

En el pantano cacereño de Valdecañas, el vaciado ha frustrado el último proyecto de sus consistorios para revitalizar la zona. “Íbamos a construir un puerto fluvial para atraer al turismo y mejorar la economía de la región. Para un municipio como el nuestro era una gran inversión, pero todo ha quedado en el aire”, dice el alcalde de Belvis de Monroy, Marcos Pascasio, un pueblo de 730 habitantes, que acusa a Iberdrola de comportarse “de forma autoritaria”. 

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En Ricobayo saben lo que es no tener voz. Operativo desde 1935, su embalse debería haber recobrado la titularidad pública en 2010, tras concluir su concesión inicial por un plazo de 75 años, pero en 1990, Iberduero –una de las dos empresas de las que saldría Iberdrola—presentó un proyecto de ampliación para construir una segunda central en la zona (Ricobayo II) y, sin apenas notificación o debate público, el Estado le renovó la concesión hasta 2040. “Como mínimo tenemos derecho a que nos llamen cuando caduque la concesión”, dice indignado el alcalde de San Cebrían, Javier Aguado. “Nos expropiaron las tierras a cambio de una mierda. Llevamos décadas dando rodeos kilométricos por las carreteras de la presa. Iberdrola tiene una deuda histórica con nosotros”. 

Aguado trabaja con otros alcaldes para pedir compensaciones a la compañía por el vaciado de Ricobayo y es una de las cabezas visibles del creciente movimiento que reclama que las concesiones hidroeléctricas vuelvan al Estado a su conclusión o se renegocien contando con los pueblos de sus riberas. “Es lícito que Iberdrola gane dinero, pero tiene que contar con la gente y los pueblos de los embalses. Es una vergüenza lo que han hecho. No nos vamos a callar ni estar quietos porque creemos que tenemos cierta razón”. 

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