Sin decirle nada, si no no tendría ninguna gracia, un día su mujer mezcló en la ensalada un tomate de los del súper, a ver qué pasaba. Nada más metérselo en la boca, este payés de los pies a la cabeza lo escupió al grito de «¡un tomate nos ha salido malo!”. No, no les había salido malo. No era un tomate de los suyos, de esos que tanta gente va expresamente a comprarle. En invierno, en sus campos -arrendados, pero ¿acaso la tierra no es de quien la trabaja?- predomina la col y el brócoli y, en verano, esos magníficos tomates y calabacines. “Esta tierra es riquísima. Drena muy bien y es la única zona de Gavà en la que los pozos no están salinizados. Como el terreno está un poco elevado, no ha llegado el agua del mar”, explica pasándose de mano a mano una gorra verde el veterano Josep Estapé, el agricultor que labra con esas mismas manos estos campos. Junto a su hijo, cultivan 20 de las 40 hectáreas de cultivos y viveros de este enclave natural de Gavà afectado desde el año 2006 por un macroplan urbanístico llamado Pla de Ponent.  

“Si no fuera por los jabalís, plantaría alcachofas, que aquí saldrían buenísimas”, prosigue el hombre sobre su viejo tractor de 1982, frente a la bella Masía Rosés, conocida como Can Riera, una de las más importantes de Gavà. La masía, catalogada, no está amenazada, se conservará pese al plan, pero “sin los campos sembrados a su alrededor perderá su esencia, su identidad; nuestra identidad”, apunta Anna García Tortosa, bióloga y miembro de asamblea vecinal y ecologista que lucha por detener el plan urbanístico aprobado y vigente desde hace más de 15 años -aunque parado durante los últimos lustros por la crisis del ladrillo– y que prevé levantar en el paraje 4.800 viviendas, 2.842 de las cuales, el 60%, de mercado libre, además de nuevos equipamientos, calles -«cemento», precisa- y parques.

El discurso del gobierno municipal para defender a capa y espada el plan, que llevan por bandera y prevén ejecutar de forma progresiva a 15 o 20 años vista, es que la transformación de la zona permitirá ganar casi 2.000 viviendas de protección oficial (el otro 40% de las 4.800), además de equipamientos muy necesarios como el tercer CAP. «Se trata de una cuestión de justicia social. Nuestros jóvenes no se pueden emancipar por los precios de los pisos; necesitamos urgentemente vivienda social», argumenta Rosa M. Fernández, tenienta de alcaldesa de Urbanismo, Vivienda, Obras y Sostenibilidad Ambiental.

Alternativas en el núcleo urbano

La musculada plataforma vecinal contraria al proyecto responde a ese discurso que no están dispuestos a elegir entre vivienda pública y medio ambiente. «Somos los primeros que queremos pisos protegidos, pero no aquí, no a costa de cargarse un importantísimo corredor de biodiversidad. Gavà dispone de un término municipal enorme, hay otros espacios en los que poder levantar vivienda pública sin afectar esta zona forestal, como los de la antigua fábrica Roca, donde cabrían miles de pisos«, defiende García Tortosa, a quien no le cabe en la cabeza «cargarse una zona natural para sustituirla por un parque artificial». La bióloga y activista hace referencia al argumento municipal de que los nuevos barrios que se pretenden construir en el hoy forestal y agrícola Pla de Ponent serán barrios sostenibles, con grandes parques urbanos que protegerán en corredor.

«En plena crisis climática, llenar de ladrillo este paraje es no haber entendido nada. Es evidente que un parque urbano no funciona como un ecosistema forestal o agrícola«, prosigue la joven, quien indica que sí realmente creen que la expulsión de los jóvenes es el precio del alquiler lo que tienen que hacer es regularlo.

Si salvamos La Ricarda pero construimos el Pla de Ponent en el corredor, La Ricarda perderá igualmente sus valores de biodiversidad

La concejala de Urbanismo de la localidad insiste en que el plan tiene «la virtud» de compaginar «de forma equilibrada» la vivienda y los equipamientos y subraya que permitirá levantar un tercer CAP en el municipio, que ofrecerá servicios como ecografías o radiografías de los que ahora no dispone el municipio- con «la protección del medio ambiente».

A los miembros de la plataforma vecinal -de la que forman parte vecinos de edades y procedencias muy distintas- les indigna este discurso, que tildan de tramposo. «No pueden usar la construcción del CAP, que por supuesto es necesario, o la vivienda social para blanquear un proyecto claramente especulativo, en gran parte en unos terrenos propiedad de un gran fondo de inversión extranjero que ganará dinero construyendo en casi 3.000 pisos de mercado libre en unos terrenos en los que hoy tenemos robles centenarios y una gran biodiversidad«.

Robles centenarios

Tras saludar a Estapé, quien, pese a que tiene prisa, no quiere aprovechar la oportunidad de hablar sobre algo tan importante para él como son estas tierras, Ángel Losada, también payés y activista ecologista y vecinal de Gavà, prosigue el paseo por (parte) de los terrenos afectados junto a sus compañeras de lucha García Tortosa y Pilar Conte Gómez hacia la Riera dels Canyars. Losada se enciende al llegar junto a un conjunto de majestuosos robles centenarios.

«Dicen que los van a replantar, pero eso es imposible, no se puede. Estos robles tienen tal clase de raíz que no se pueden replantar. Cuando los arranquen se los cargarán», se enrabia el agricultor activista, quien recuerda que el corredor es «una conexión con África para aves migratorias» y señala que han calculado que la ejecución del plan tal y como está previsto ahora supondría la destrucción de 12.400 árboles dada la poca supervivencia de los árboles trasplantados.

Entre las numerosas acciones que la plataforma vecinal está llevando a cabo para intentar detener este plan, la última, hace a penas unos días, fue la petición de la nulidad del proyecto al Ayuntamiento de Gavà «por incumplimiento de hasta 16 preceptos normativos». La demanda la presentó el pasado 14 de febrero el abogado Eduard de Ribot -letrado también de SOS Costa Brava, quien explicó que ya en el momento de la aprobación del plan, en el 2006, «se vulneraron leyes como la ley forestal de Catalunya de 1998, que explícitamente prohíbe urbanizar bosques y espacios forestales y obliga a clasificarlos como suelo no urbanizable«. La demanda de nulidad también apunta a que se produjeron deficiencias en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.

Al ser preguntada sobre la cuestión, la concejala de Urbanismo de esta localidad del Baix Llogregat señala: «los servicios jurídicos del consistorio lo están estudiando».

En un terreno más emocional, otra de las campañas iniciadas por la plataforma vecinal es la que han llamado ‘Apadrina un árbol’. En mismo paseo junto a los tres activistas, Conte Gómez señala hacia arriba. En las ramas de varios árboles hay colgadas unas pequeñas etiquetas de madera en las que se lee precisamente eso, «apadrina un árbol». «Las vendemos en las paraditas que ponemos para informar del plan para recaudar fondos para la campaña. Fue muy bonito porque para Navidad muchos padres regalaron uno a sus hijos y después venían aquí a colocarlo y a conocer nuestra historia», explica la mujer.

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Más allá de La Ricarda

El catedrático de Ecología de la UB Narcís Prat explicaba durante la crisis del aeropuerto en el programa ‘En línea’ de TVE que si no se hace el aeropuerto y se deja La Ricarda tal y como está, pero se urbaniza el Pla de Ponent, «la Ricarda igualmente perderá sus valores de biodiversidad». «Este plan urbanístico está justo en el corredor que permite a muchos organismos que están en el delta ir al Garraf y viceversa. Si cerramos ese corredor acabarán desapareciendo las especies que podemos salvar si salvamos La Ricarda del aeropuerto. Son dos piezas muy importantes», argumentaba.

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