El debate y la lucha política y legal no van a acabar, pero al menos 737 personas que están en el corredor de la muerte en California, el más poblado de todo el hemisferio occidental, saben que no serán ejecutados mientras Gavin Newsom sea gobernador del estado. El demócrata, que llegó al cargo en enero, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva por la que impone una moratoria a la aplicación de la pena capital, cierra la cámara de ejecuciones en la prisión de San Quintin y retira el protocolo de la inyección letal.

En California, donde se reinstauró la pena de muerte en 1978, las ejecuciones estaban prácticamente paralizadas y la última de las 13 llevadas a cabo desde entonces ocurrió en 2006. Ahora se convierte en el cuarto estado, tras Oregón, Colorado y Pensilvania, donde el gobernador usa el poder ejecutivo para frenar la pena de muerte, ya abolida en otros 20 estados por decisiones de legislaturas o tribunales. 

Demandas prácticamente aseguradas

La orden tiene prácticamente garantizadas demandas de los defensores de la pena capital, en parte porque la mayoría de los ciudadanos del estado rechazaron en el 2012 y el 2016 abolirla y también en el 2016 aprobaron, por el margen mínimo (51%), una iniciativa para acelerar el proceso de apelaciones de los condenados a muerte. Esas votaciones han sido justamente el argumento que ha usado en Twitter el presidente, Donald Trump, para criticar la decisión de Newsom, que puede ayudar a reimpulsar el debate nacional, donde el respaldo entre la población a las ejecuciones ha caído consistentemente en las últimas décadas.

Richard Allen Davis, condenado a muerte desde 1996 e ingresado en la prisión de San Quintín (California). (AP)

En la declaración preparada para anunciar la orden, Newsom asegura que el sistema de pena de muerte ha sido “se mire como se mire, un fracaso”. Señala en concreto a la “discriminación” a enfermos mentales, minorías raciales y personas de bajos recursos que no pueden permitirse “representación legal costosa”. Y afirma que “no ha producido ningún beneficio de seguridad pública ni valor como disuasión” y “ha gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes”. Se calcula que mantener el corredor y a sus reos en California cuesta 184 millones de dólares al año al estado, unos 5.000 desde 1978. El gobernador también ha justificado su decisión apelando a los errores en las condenas, recordando que al menos 164 presos de todo el país han sido liberados del corredor de la muerte desde 1973.

“No creo que una sociedad civilizada pueda ser un líder mundial mientras su gobierno sigue autorizando la ejecución premeditada y discriminatoria de su gente”, ha dicho Newsom, que ha definido la pena de muerte como “inconsistente con los valores fundamentales” de California.

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