• ERC y Junts logran pactar una posición común mientras los ‘comuns’ y la CUP endurecen su discurso contra la reforma de la infraestructura

Nadie quiere imprimir en sus siglas una huella medioambiental dañina y muy pocos quieren dejar pasar la oportunidad de crear un hub intercontinental, por lo que en el arduo debate abierto sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se ha convertido en una batalla de matices dentro del arco parlamentario. La falta de concreción sobre los planes que se prevén para la construcción de una tercera pista, alimenta la discordia. Especialmente en el punto más conflictivo: qué afectación tendrá la reforma sobre el espacio natural protegido.

El Govern cerró filas y blindó la laguna de la Ricarda tras conocer el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que Aena remitió a la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya, integrada por el Govern, ayuntamientos y otras partes implicadas, en el que se detalla la ampliación extendiendo la tercera pista hacia el Este, lo que supondría afectar a este espacio de biodiversidad. A la espera de una eventual negociación, así se posicionan los partidos catalanes sobre la ampliación de la infraestructura aeroportuaria:

En opinión de ERC, en concreto de su portavoz, Marta Vilalta, el plan de Aena hechos públicos la semana pasada «no es el acuerdo al que se había llegado» entre la Generalitat y el Gobierno, ya que «la concreción del proyecto es una decisión estratégica que deberá trabajarse desde Catalunya en el marco de la mesa técnica», y no venir «impuesta». Vilalta recordó que existe un acuerdo para que haya «una inversión» y que «cualquier mejora» del aeropuerto «debe tener en cuenta la Ricarda» y «no puede venir predeterminada desde Madrid». Por eso, según explicó Vilalta en rueda de prensa, «es probable» que ERC «esté presente de alguna manera» en la movilización convocada para el día 19 de septiembre en Barcelona.

Junts insiste en que es necesario que Catalunya disponga de un aeropuerto que sea un hub internacional. El ‘vicepresident’ Jordi Puigneró fue quien cerró el acuerdo inicial alcanzado previamente entre el Govern y el Ministerio de Transportes. De ahí que, en una rueda de prensa, la portavoz del partido, Elsa Artadi, defendiera a capa y espada que el primer proyecto que se presentó, con el plácet del Gobierno, afectaba «completamente» la Ricarda y que, «con la intervención de la Generalitat», léase Puigneró, «se pusieron líneas rojas» en la afectación del espacio natural protegido. 

El PSC avala sin fisuras el proyecto, convencido de que se puede llevar a cabo sin afectaciones de calado en el medio ambiente. El líder de la oposición y jefe de filas de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, criticó los recelos de la Generalitat después de que se cerrara en banda. En un acto en el Maresme, espetó que «cuando se llega a un acuerdo se llega a un acuerdo» y se preguntó «qué credibilidad tienen los gobiernos que firman acuerdos y luego se desdicen de los mismos». A su juicio, no hay contradicciones entre respetar los espacios de biodiversidad y construir una tercera pista en el aeropuerto.

Los anticapitalistas llevan semanas presionando al Govern para que plante cara a Aena para evitar que sea partícipe de lo que consideran un «atentado climático». Sostienen que «hay que proteger los espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat» y seguir los pasos previstos en la ley catalana de contra el cambio climático que contemplaba una reducción de las emisiones de CO2 de hasta un 40% en el 2030 y suprimirlas en 2050. Los anticapitalistas avisan de que los planes como la ampliación del aeropuerto o la candidatura a los juegos olímpicos de invierno dificultan que la CUP pueda pactar con el Govern los presupuestos para el 2022. 

Los ‘comuns’ rechazan la ampliación y exigen al ‘president’ que tome partido cuanto antes oponiéndose a las obras. Los morados alegan que es «fundamental» preservar la laguna y el resto del espacio natural protegido, además de reducir las emisiones de CO2. Recuerdan que, de fondo, hay el debate sobre qué modelo económico se impulsa desde Catalunya y qué afectaciones tendrá invertir en «turismo de sol y playa». El portavoz parlamentario, David Cid, avisó de que darán la batalla «hasta el final» para evitar que la ampliación se saque adelante sin diálogo social.

Las sospechas de «cesiones» del Gobierno al independentismo no empañan la férrea defensa de Cs en la ampliación de la infraestructura aeroportuaria siempre que «cumpla con las exigencias técnicas y medioambientales de la Comisión Europea». «Somos conscientes de que el aeropuerto de El Prat opera al límite de su capacidad ya desde antes de la pandemia, por lo que nos parece razonable que se exploren vías para mejorar las prestaciones de una infraestructura tan importante para nuestra economía como el aeropuerto de El Prat», explica el diputado Nacho Martín Blanco.

Desde el PPC ven «imprescindible» abordar las inversiones necesarias para que el aeropuerto de Barcelona-El Prat «pueda aumentar su capacidad y poder atender la actual demanda». Y no sólo esto, también que se haga extensible a los aeródromos de Girona y Reus. Por lo tanto, son favorables a la ampliación. El líder del PP, Pablo Casado, reaccionó inicialmente asegurando que la inversión la dejó aprobada su partido desde el Gobierno antes de la moción de censura del PSOE.

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La extrema derecha acusó a Sánchez de ser un «mayordomo» y enmarcó la reforma en la infraestructura dentro del «blanqueamiento del golpismo». El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó la noticia para exigir un Gobierno «fiel a los españoles».

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