Los escritos de defensa de los presos soberanistas que serán juzgados por el referéndum del 1-O en el Tribunal Supremo a principios de febrero se entregaron al martes al alto tribunal y se han ido desvelando estos días. Su presentación ha generado cierto debate sobre si existen diferentes estrategias y sobre si pesan más los argumentos políticos que los técnicos, o viceversa. Varios de los letrados rehúyen esa discusión y reconocen que la coordinación se ha tejido en base a unas vigas maestras con autonomía para que cada uno use su propio estilo durante el juicio, optando así por testigos o pruebas diferentes.


















El escrito de defensa es el documento previo a juicio que replica a la acusación, y en el que se califican los hechos, se relata qué ha sucedido, y se piden testigos y pruebas. En este caso, el nexo de los escritos es pedir la libre absolución de los líderes soberanistas y negar que los hechos acaecidos en Catalunya en referencia al procés sean constitutivos de delito alguno.


El nexo de unión es pedir la absolución de líderes soberanistas y negar uno por uno que los hechos de los que se les acusa sean delito, señalando que ha existido una “causa general” contra el independentismo











Pero también se aprecian diferencias, más sutiles en el redactado, o más obvias como los testigos solicitados, que van desde los protagonistas políticos del 1-O –Carles Puigdemont, Mariano Rajoy, el rey Felipe VI o el jefe de la Casa Real así como mandos policiales– a ciudadanos anónimos que votaron en el referéndum. Mientras algunos penalistas hacen una narración de los hechos extensa e interpretativa, otros han optado por ser más escuetos y ceñirse a los términos técnicos.

Y mientras la mayoría –especialmente Junqueras, Romeva, Forcadell, Rull, Turull, Sànchez y Cuixart– pone mucho énfasis en denunciar la vulneración de múltiples derechos fundamentales, señalar la situación de indefensión de sus clientes, listar numerosas irregularidades procesales y calificar la causa de política; otros optan por limitarse a desmontar las acusaciones punto por punto sin ir más allá.


















Por lo tanto, la coordinación significa no entorpecer la labor de los demás, habida cuenta que no se acusa de los mismo a todos ni se piden las mismas penas, pese a que todas las defensas entienden el proceso judicial como una “causa general”. Lejos de ser “perjudicial”, esta polifonía estratégica es vista por los abogados como complementaria y beneficiosa al no haber una única forma de afrontarlo y de replicar a la acusación. Donde no llegue uno, llegará el otro, alegan.


Contra un juicio “político”, defensa “política”






La mayoría de los letrados consultados ve esta discusión entre argumentos técnicos o políticos como “absurda” al considerar que se trata de un “juicio político y de una acusación política que interpreta y retuerce hechos para tipificarlos como delitos”. Así, ven que no procede contraponer una estrategia frente a otra. “No concibo una defensa técnica sin política ni una política sin técnica”, explica uno de ellos a La Vanguardia. “Mi estrategia no es la de dar más peso al tema comunicativo o político, pero es la Fiscalía la que nos ha dado pie a hacerlo así. La puerta de esta argumentación la ha abierto la acusación”, apunta uno de los letrados que ha optado por una defensa que se limita a rebatir punto por punto las acusaciones.


















En cambio, hay quien considera que ante un tribunal que ve “politizado” es “más práctica una defensa técnica que use el lenguaje del Supremo”, y no busque la argumentación política. Fuentes de las defensas señalan que ante la acusación de malversación cabe ser mucho más técnico y entrar a desmontar cada partida señalada como irregular, mientras que ante la rebelión o sedición, conviene desmontar el relato de los hechos. Al hilar esa argumentación y contraponer derechos fundamentales como la libertad de expresión, de concentración o protesta al relato sobre la violencia en Catalunya resulta inevitable incurrir en política.

Algo parecido sucede con la acusación que pesa sobre Joaquim Forn, exconseller d’Interior, y su papel en el dispositivo de los Mossos. Su abogado, Xavier Melero, opta por replicar punto por punto las acusaciones en vez de construir una narración completa. Sin olvidarse de citar que, a su juicio, se ha producido un sesgo en el procedimiento judicial, Melero prefiere centrarse más en las acusaciones concretas.


















En el otro lado de la balanza está Jordi Pina, que también defiende al resto de procesados de PDECat/JxCat. En su caso, el escrito explica qué ha pasado en Catalunya desde 2010 hasta el referéndum del 1-O y hace una lectura política tras horas y horas de conversación con sus clientes, según explicó en rueda de prensa esta semana. Desde la formación posconvergente se ve con buenos ojos que se usen los dos estilos, que se juzgan complementarios.

Pina señala que se trata de “un juicio a la democracia, a las urnas y a los derechos fundamentales” y está determinado a demostrar que se trata de una causa política. “Son escritos extensos porque el ministerio Fiscal en su escrito de acusación reinterpreta lo que ha pasado en Catalunya. Eso nos obliga a revisar lo que ha pasado desde 2010”, aseguró.

Con todo, uno de los letrados que coordina la estrategia defensiva advierte de que la acusación por malversación puede quedar “un poco como la cenicienta” al haberse derivado las acusaciones por desobediencia de la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sostiene que “eso es peligroso” porque a Estrasburgo sólo se pueden llevar vulneraciones de derechos humanos y no cuestiones de fondo de las acusaciones o más técnicas. Por ello, inciden que es bueno que haya habido defensas que se hayan centrado en desmontar el delito económico como sería el caso de las de Meritxell Borràs o Carles Mundó, o la de Quim Forn, más centrada en las actas de las reuniones de coordinación y seguridad y los dispositivos policiales del otoño catalán de 2017.


















Así las cosas, todos los abogados ven improbable que haya quien “busque atajos” o pactos con la Fiscalía para salir impune de esta causa como podría pasar en macrocausas de corrupción con varios acusados. “O se les condena a todos o a ninguno”, apuntan las fuentes consultadas, por ello ven estéril el debate sobre las diferentes estrategias. De hecho, muchos de los letrados reconocen que ya saben que el caso acabará ante los tribunales europeos, “aunque sea por una multa de un euro”, concreta uno de ellos. También anuncian que el juicio acabará antes de las elecciones de mayo y esperan sentencia para principios de verano o para septiembre.


Los puntos claves de los escritos






Otro de los puntos en los que convergen las defensas es en que convocar un referéndum no es delito desde que se despenalizó en 2005 por el legislativo, o señalar que la declaración de independencia no tuvo efectos jurídicos. Aun así, los líderes del procés subrayan en los escritos que no abdicarán de sus ideas soberanistas ni de sus convicciones ideológicas y asumen la causa como un “juicio político”.

Para Junts per Catalunya los ejes pasan por desmontar la acusación de rebelión y sedición al no haber un elemento violento y en la vulneración de los derechos fundamentales y que no hay malversación .Todos reafirmarán sus ideas y entrarán a cuestiones técnicas. “Los pensamientos y las ideas no son delitos”, resumen, por lo que aunque hubiere intención de contrataciones y pagos, si no se efectuaron y no hay un perjuicio concreto al bien público y no hay delito, explican las fuentes consultadas.


















Desde ERC se pretende “sentar al Estado en el banquillo de los acusados y creen que hay una “persecución judicial” al independentismo y se denuncia el uso “del derecho penal del enemigo”. Jordi Cuixart, por su parte, es quien plantea la defensa de forma más explícita como una acusación, como su particular caso Dreyfus. Los tres frentes para las defensas de los republicanos son explicar qué ha pasado con el relato de los hechos, comparar los hechos con el código penal y una estrategia de ataque y denuncia de violaciones de derechos para silenciar al independentismo.

Los escritos de los Oriol Junqueras y Raül Romeva también se centran en señalar que ambos acusados comparten una trayectoria política vinculada al pacifismo hasta el punto que el texto coordinado por el abogado Andreu Van den Eynde hace referencia a que en los medios de comunicación se usó el término junquerisme como “la definición de un proyecto político pacífico e integrador”.

Las referencias al pacifismo de Junqueras y Romeva o Forcadell, pero también del movimiento independentista en su conjunto son constantes. También Pina recoge las actas de las grandes movilizaciones soberanistas desde 2012, en las que no ha habido incidentes más allá de lipotimias. Por su parte, Van den Eynde también utiliza términos acusatorios contra las instancias políticas y judiciales del Estado por optar, a partir de 2014, por “la vía de la criminalización del independentismo y la judicialización de un debate político”.

En este sentido el escrito de Junqueras y Romeva es contundente y tacha la causa de “ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que ansía un objetivo político legítimo en democracia”. Tras hacer su propio relato de los hechos, el documento enumera un sinfín de derechos presuntamente vulnerados, desde el principio democrático hasta los de expresión, autodeterminación, representación política, o al de una defensa con todas garantías. Especialmente extenso es este capítulo en el que el escrito señala que la múltiple fragmentación de la causa en numerosas “investigaciones paralelas” y “extraprocesales” ha hecho imposible el necesario control por parte de las defensas.


Jordi Pina, Marina Roig, Olga Arderiu y Francesc Puig son algunos de los encargados de defender a los políticos independentistas catalanes
Jordi Pina, Marina Roig, Olga Arderiu y Francesc Puig son algunos de los encargados de defender a los políticos independentistas catalanes
(Dani Duch)

Esta serie de presuntas vulneraciones se asemeja mucho al escrito que ha presentado la defensa de Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium dedica casi la mitad de su defensa a tratar de demostar que la “voluntad de sobreprotección de la unidad territorial de España” ha provocado una “vulneración masiva de derechos fundamentales”. En la presentación ante la prensa, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, definió perfectamente el objetivo de la defensa y dejó claro que el escrito era más “de acusación que de defensa”.

De la misma forma, la defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también dedica parte de sus argumentos a acusar al Estado, aunque en su caso prefiere denunciar las posibles conculcaciones de derechos en un anexo y centrase en el escrito propiamente dicho en subrayar que su clienta no tuvo poder de decisión en la mayoría de hechos de los que se la acusa, más allá de insistir en remarcar sus llamadas al pacifismo.

Forcadell señala que “ni participó ni pudo participar” en la toma de decisiones del Govern en lo que al referéndum se refiere. Por lo que respecta a su papel en las distintas resoluciones del Parlament o en el plenario de los días 6 y 7 de septiembre sobre las leyes de ruptura –hechos que son la base de la acusación–, su defensa gira en torno a la imposibilidad por su parte de limitar el poder de decisión del Pleno y en que su deber era propiciar el debate y permitir la libertad de expresión. El texto mantiene que Forcadell siempre actuó acorde al reglamento.

En lo fundamental los escritos coinciden, si bien hay matices para cada caso, como puede ser el hecho de que Forcadell no era miembro del Govern, que los gastos de la conselleria de la Presidència –campañas de publicidad– que se achacan Turull son de cuando aún no era miembro del Govern o que la conselleria que dirigía Borràs no tenía nada que ver con procesos electorales desde julio de 2017 por un decreto que las atribuía al departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Y también es lógico que la estrategia no sea homogénea al tratarse de personas con diferentes grados de responsabilidad, diferentes hechos atribuidos y diferentes competencias en el octubre catalán.

All copyrights for this article are reserved to Política