• Un centenar de cargos en una treintena de organismos públicos tienen el mandato caducado desde hace años

El bloqueo en la renovación de los organismos públicos no es un patrimonio exclusivo de los partidos estatales ni del Congreso de los Diputados. Las formaciones catalanas también cometen el mismo pecado en el Parlament, donde un centenar de cargos se mantienen con el mandato caducado desde hace años al comienzo de la 13ª legislatura. Los férreos bloques en que lleva tiempo dividida la política catalana ha imposibilitado la mayor parte de estos nombramientos, que en algunos casos se arrastran desde hace un lustro.

La nueva composición de la Cámara ha afianzado los dos bloques, pero el hecho de que ahora el grupo mayoritario sea el PSC (empatado con ERC), y no Ciutadans, abre el interrogante de si será más fácil construir mayorías transversales para desencallar las renovaciones pendientes. Estas son algunas de ellas.

Con la ley en la mano, Rafael Ribó debería haber abandonado el cargo de Síndic de Greuges el 10 de febrero de 2019, después de 15 años en el puesto. El proceso de relevo ni siquiera llegó a activarse ante la evidente falta de consenso. Su sustituto requiere el apoyo de tres quintas partes de los diputados (81 de 135), lo que hace insuficiente el aval de las fuerzas independentistas.

En diciembre de 2018, Ciutadans, JxCat, ERC y PSC fueron capaces de acordar una lista de nombres para la renovación de los seis miembros de la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Sin embargo, a los pocos días de hacerse pública una entente que unía en la misma foto a Cs con los dos partidos del Govern, los naranjas decidieron congelar el pacto a raíz de una polémica por los elogios del ‘president’ Quim Torra a la vía eslovena para alcanzar la independencia. Nada se ha vuelto a saber de esta renovación. Además, los 16 miembros del consejo asesor de contenidos de la CCMA tienen el mandato caducado desde julio de 2016.

Consell de Garanties Estatutàries

Cinco de los seis integrantes del órgano consultivo que dictamina la adecuación de las leyes al Estatut y a la Constitución están pendientes de ser sustituidos. Joan Egea y Carles Jaume tienen el mandato caducado desde noviembre de 2015, pero siguen ejerciendo a la espera de que el Parlament acuerde su renovación. Y también en funciones están Pere Jover y Jaume Vernet desde noviembre de 2018. Además, Joan Ridao renunció al puesto en 2016 para ser nombrado letrado mayor del Parlament, pero su silla continúa vacante.

El organismo que fiscaliza las cuentas de toda la administración pública pasó de tener siete miembros a seis en noviembre de 2017, tras la renuncia no sustituida de Andreu Morillas. Pero, además, otros tres integrantes tienen el mandato caducado y ejercen en funciones.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

La directora de este organismo, Maria Àngels Barbarà, tiene el mandato caducado desde julio de 2017. Su relevo requiere el apoyo de tres quintas partes del Parlament.

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El Consell de l’Audiovisual de Catalunya está formado por cinco miembros, de los que solo quedan cuatro y todos ellos con el mandato caducado. En mayo de 2020 renunció al puesto por jubilación Salvador Alsius, y su plaza no ha sido sustituida. Los cuatro consejeros que quedan (el presidente, Roger Loppacher; Carme Figueres, Daniel Sirera e Yvonne Griley deberían haber sido ya reemplazados. El mandato de Griley venció el pasado julio, pero los de Loppacher, Figueres y Sirera están vencidos desde 2018, cuando cumplieron los seis años no renovables que fija la ley. La renovación de este organismo es especialmente compleja porque requiere el acuerdo de 90 diputados de 135.

-Los 13 miembros del Consell Assessor de RTVE en Catalunya.

-Los tres miembros del Consell Assessor de Protecció de Dades.

-16 representantes de consejos sociales de las universidades públicas.

-Tres de los cinco miembros de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

-Siete miembros de la Comissió de Control de Consultes Populars.

-Tres vacantes de la Junta de Museus.

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