La pandemia no solo sacudió a la hostelería y el comercio, sino que ha dejado muchas secuelas en cuestión de hábitos de consumo sobre los que no habrá marcha atrás en grandes ciudades como Barcelona. Especialmente en materia de entregas a domicilio, de comidas o productos, que han derivado en nuevas tipologías de negocio que, por novedosas, han desbordado a las normativas municipales. La primera consecuencia va a ser un plan especial urbanístico para poner coto a este fenómeno en la ciudad: desterrando las ‘dark kitchen’ o macrococinas solo para reparto a zonas industriales, prohibiendo nuevos súper fantasma (solo para entregas domiciliarias) y regulando la operativa de reparto en el caso de restaurantes o locales de comidas preparadas.

La nueva regulación de usos de actividades vinculadas al reparto a domicilio ha sido aprobada inicialmente este viernes en comisión de gobierno, estará dos meses en exposición pública y podría hacerse efectiva en un año. Cuando se implante, los locales existentes afectados tendrán un par de años para ponerse al día y tramitar autorizaciones.

Surge como respuesta al conflicto vecinal que se vivió hace más de un año con los intentos de aperturas de macrococinas en Sant Martí y Les Corts, en medio de una gran oposición vecinal, y que ahora han quedado definitivamente descartadas. Pero también ante el acelerón que ha vivido esa modalidad de consumo online y a distancia con motivo de la pandemia y cuando todos los establecimientos no esenciales tuvieron que cerrar de cara al público.

Proteger al comercio de proximidad

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, explica que la regulación se enfoca a «proteger el modelo comercial de proximidad y las tiendas de barrio y la vida cotidiana de los vecinos y vecinas». Con ese reto, y ante los problemas que se atribuyen a cocinas y súpers de mero reparto, «opacos» en tanto a que solo sus trabajadores acceden, la propuesta municipal negociada con el grupo de ERC es ante todo la prohibición total de los supermercados fantasma (los actuales, como figura no reconocida aún se abrieron como almacenes y continuarán su actividad) y la limitación de la limitación de las macrococinas a zonas industriales con condiciones muy restrictivas.

El ayuntamiento admite que su irrupción les cogió sin herramientas para encajar estas nuevas tendencias, que aún no tienen un epígrafe específico hasta que se modifique la ordenanza de actividades. Pero el plan especial permite evitar su proliferación. Por cocinas fantasma (por el nombre nombre anglosajón) se refieren a las instalaciones que «agrupan varias cocinas industriales en espacios normalmente grandes y opacos solo dedicados a hacer pedidos para reparto», señala el ayuntamiento, lo que puede generar problemas de olores y ruidos, además de afectar a la movilidad en la zona. En el caso de los ‘black stores’ o supermercados fantasma, se trata de «almacenes de alimentos donde se preparan las compras online para su entrega a domicilio».

Los dos negocios, propulsados por la crisis sanitaria, han generado rechazo vecinal por el «uso muy intensivo del espacio público que se deriva». Por si fuera poco, también han brotado establecimientos dedicados a recibir y guardar mercancías por después venderlas y distribuirlas a domicilio, subrayan.

La concejala de Comercio, Montse Ballarín, defiende que el modelo de Barcelona «se basa en la presencia física de los comercios», en la interacción social que generan. Además, se les exige cumplir muchas normativas, por lo que «no podía ser que estos nuevos espacios se aprovecharan de la falta de regulación», generando una competencia clara en materia de horarios y uso del espacio público, con los vehículos de reparto que suelen invadir las aceras. La edil es critica también con las condiciones laborales de los repartidores.

Moratoria vigente

Para empezar a canalizar el fenómeno, hace un año se aprobó una suspensión de licencias vinculadas a las ‘dark kitchen’ previa a su regulación, que sigue vigente. La propuesta de plan de usos abarca desde los nuevos negocios de pedidos a domicilio hasta el control de los ya existentes, con la idea de «equilibrar los usos y evitar la proliferación de determinadas actividades», subraya Sanz.

La regulación quiere impedir su implantación en los barrios, por lo que blinda las zonas urbanas. Hasta el punto de no admitir esos súpers o almacenes de reparto en toda la ciudad, ni tampoco los almacenes temporales de mercancías no peligrosas abiertas al público para guardar equipajes o paquetes, que suele utilizar el turismo.

Y las distancias serán clave. Las macrococinas tendrán que situarse zonas industriales y calles de más de 25 metros de ancho, separadas entre sí por un radio de 400 metros de distancia respecto.

Más compleja es la operativa para los establecimientos de platos preparados, de modo que su crecimiento quede controlado. El plan especial sugiere ligarlos a «la superficie del local, la densidad de actividades en un mismo ámbito y el tipo de suelo y la anchura de calle donde se pueden ubicar». Así, se limita el número de nuevos negocios a solo un establecimiento dentro de un radio de 100 metros, y además los de más de 100 metros cuadrados no podrán estar en calles de menos de siete metros de ancho ni superar los 300.

Pero también implica a los ya existentes, que tendrán que internalizar algunos servicios. El concejal de ERC Jordi Coronas ha enfatizado que el 80% de establecimientos de la ciudad tienen menos de 150 metros cuadrados y no se verán afectados, más allá de formalizar una autorización para la actividad complementaria.

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Sin embargo, los de mayor tamaño tendrán que cumplir algunos requisitos, como disponer de espacios de espera para los repartidores y los vehículos de reparto (no motorizados), facilitándoles el uso de aseos. En las macrococinas habrá que reservar 10 metros cuadrados por estación de cocción o por cada 100 metros cuadrados de superficie. En cambio, en los negocios de platos preparados de más de cien metros cuadrados serán cinco los metros por cada 100 de local. En los restaurantes, los de menos de 150 metros cuadrados ubicados en calles de más de siete metros de ancho que formen parte de la red de ejes verdes o sean de prioridad para peatones deberán reservar tres metros cuadrados por cada 100, frente a los cinco para los de más de 150.

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