La nueva legislación educativa está dando sus últimos pasos en el Parlamento, donde será ratificada en las próximas semanas. El texto ha provocado división política en el Congreso de los Diputados y también en la calle. EL PERIÓDICO entrevista a Xavier Bonal y Alfonso Aguiló, dos expertos en educación con puntos de vista diferentes sobre la ‘ley Celaá’.

Exdirector del colegio Tajamar (un centro de educación diferencia en Vallecas, Madrid) Alfonso Aguiló es el actual presidente de la Confederación Español de Centros de Enseñanza (CECE), la patronal de los centros privados y concertados. También es autor de numerosos libros sobre educación.

La ‘ley Wert’ no gusta a nadie. ¿No era necesario reformarla?

Somos partidarios de que las normas vayan cambiando y adaptándose a las necesidades de cada momento, pero con consenso. Es decir, que no sean leyes de partido y que no provoquen división en la comunidad educativa.

La LOMCE fue aprobada en 2013 solo con los votos del PP. ¿No fue una ley de partido?

Sí, pero no es tan significativo el número de partidos que apoyan una norma sino la representación parlamentaria. Es igual de poco consensuada una ley con 182 diputados que otra con 177. Creo que debería tener por encima de 200 votos para que se considere un acuerdo de Estado que dure varias legislaturas.

Ocho leyes educativas en la democracia. ¿Por qué es tan difícil llegar a ese acuerdo de Estado?

En España hay más frentismo. La idea de que la educación concertada es de derechas es algo nada habitual en los países de nuestro entorno. La democracia está construida sobre el hecho de que la iniciativa social gestiona el espacio público. Por ejemplo, los medios de comunicación. Nadie dice que para que la información sea buena tiene que ser pública. Hay medios públicos pero para que la información sea plural tiene que haber operadores privados. Lo mismo en la enseñanza. Financiar la educación privada es lo que asegura que la pluralidad llegue a todos.

¿Por qué?

La educación se basa en tres características: plural, de calidad y accesible en igualdad de oportunidades. Para eso tiene que estar financiada. Si solo se gestiona por el poder público se entra en el riesgo de que llegue un determinado líder político que lo use con fines de adoctrinamiento. Ha pasado tantas veces en la democracia que no nos podemos arriesgar.

La filosofía de la ‘ley Celaá’ es empoderar la escuela pública. Es un objetivo bastante noble, ¿no?

Claro, pero la forma de hacerlo no es cerrar aulas concertadas y mandar a esos alumnos donde no quieren ir. Lo que hay que empoderar es la calidad de la enseñanza, no quien la haga.

Entonces, ¿cómo se potencia la educación pública?

Diagnosticando sus problemas. Si crees que su problema es que el dinero se va a la concertada estás errando el diagnóstico. La educación pública está costando el doble que la concertada y más bien la concertada está permitiendo que haya más dinero para la pública. Si para fortalecer la pública disminuyes la concertada estás haciendo un relato ideológico con el que perjudicas la educación pública porque les vendes la idea de sus problemas son por culpa de otros.

«La ley no ordena el cierre de la concertada, pero deja manos libres a las consejerías para hacerlo»

¿Por qué interpreta que la nueva ley va terminar con la concertada?

Quita la expresión demanda social y lo deja todo en la programación. Y dice que hay que aumentar las plazas públicas, lo quieran las familias o no. No dice que todo aquel que quiera una plaza pública la tenga. Es verdad que no da una orden de hacer desaparecer la concertada, pero deja las manos libres a las consejerías para hacerlo. Y esto es un retroceso en derechos. La diferencia entre un estado autoritario y otro democrático es que los líderes de los segundos tienen límites y los otros no.

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El pasado fin de semana las calles de muchas ciudades se llenaron de manifestantes contrarios a la ley que gritaban «libertad». Libertad es algo que se pedía en plena dictadura franquista.

Libertad hay que pedir siempre. El que manda siempre está tentado de imponer su autoridad. Cualquier democracia tiene que poner límites al poder ejecutivo.

La ley se está tramitando en el Parlamento.

Pero de lo que me quejo es que el Parlamento ha cometido un error, dejar de poner esta legislación al servicio de las familias. La norma que regula los conciertos nació en el año 1985. Y desde entonces ha estado al servicio de la demanda de las familias. No se puede quitar un aula concertada si tiene un número de alumnos equivalente a la media de su entorno. Eso siempre ha estado vigente, con gobiernos de derecha e izquierda. Romper ese equilibrio es un retroceso en derecho.

España es un estado aconfesional. ¿Por qué Religión tiene que ser una asignatura más y contar para nota?

Nuestra propuesta es una asignatura de cultura religiosa y que esa asignatura pueda tener una modalidad confesional. Así sucede en muchos países de Europa. Para entender la historia, el arte y muchas cosas hay que tener un mínimo de cultura religiosa abierta, plural, neutra y científica. Cada año el 63% de las familias escogen Religión para sus hijos. Arremeter contra algo que quiere el 63% de la población me parece un error. Los poderes públicos están para servir a los ciudadanos no para decirles qué tienen que pensar. Nadie habla de dar Religión al que no la quiere. Que sea evaluable no es relevante, me parece bien que sí lo sea y también que no.

¿Un niño o una niña que estudie en un cole público está peor preparado que si estuviera en un cole concertado?

No. Los dos están muy bien.

¿De qué depende que reciba educación de calidad?

Hay una cosa que ayuda mucho y es que pueda ir al centro que quiera. Tú también tienes libertad de leer los periódicos que quieras, no te dicen que leas uno en concreto porque es el de tu distrito postal.

Pero esa libertad no desaparece.

Sí porque a lo mejor tu colegio tiene cuatro líneas y el año que viene tiene dos porque el programador ha decidido que vayan al cole de al lado. Si quieres un centro concertado te darán plaza si el que hace la programación decida que haya plaza. Poder ofertar plazas dependerá de la autoridad educativa. Tú pierdes capacidad de elección, es evidente. La ministra de Educación falsea la realidad.

¿Por qué?

Porque dice que todo queda igual. Y no es verdad.

«Pensar que una chica de 12 años con retraso e incapacidad para leer estará integrada en un aula de ESO es desconocer la realidad»

Una de las cosas que siempre repite Isabel Celaá es que los coles de educación especial no van a cerrar. Ustedes no la creen.

¿Por qué no dice los que quieran ir que vayan y los que no, no? Por la inclusión estamos todos, pero hay veces que para logarlo es mejor estar en una institución con atención especializada. Imagina una chica de 12 años que jamás aprenderá a leer por su retraso mental. Pensar que estará muy integrada seis horas al día en una clase de la ESO me parece negarse a reconocer la realidad. Es un empeño ideológico decir ‘tú estás bien donde yo te diga no donde digas tú, ni tu familia ni los especialistas’.

Hablemos de educación diferenciada. El Constitucional emitió una sentencia en 2018 donde decía que no podía ser discriminada de los conciertos, aunque la ley los vetará.

El tribunal emitió siete sentencias, no una. La norma choca frontalmente con esa jurisprudencia, así que es inconstitucional y el ministerio lo sabe perfectamente.

¿No es anacrónico separar a los estudiantes por su sexo?

Hay que viajar más y ver que hay países avanzados y con mejores resultados en igualdad que tienen una educación diferenciada que nadie cuestiona. Reino Unido, Canadá, Irlanda, EEUU… En Alemania hubo una sentencia muy rotunda en 2013 a favor de la educación diferenciada. Es minoritaria, sí. Pero defender las minorías es un signo de democracia avanzada.

¿En qué mejora la educación?

Es una experiencia de éxito académico, de socialización e igualdad. Si alguien la quiere para sus hijos hay que respetarlo. ¿Qué aporta el método Montessori? No sé, pero siempre es bueno que haya opciones diversas. Imponer proyectos educativos desde el poder público es un retroceso enorme.

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