La defensa del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y de la intendente Teresa Laplana, continua este miércoles con su extenso y detallado informe final. La abogada Olga Tubau ha afirmado que el Estado sabía que la policía de la Generalitat » podía por si sola» complir el mandamiento judicial de impedir el referéndum unilateral del 1-O y que, por esta razón, envió efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Catalunya. El «fallo» en la actuación de ese día, en su opinión fue de los tres cuerpos policiales. La letrada ha recalcado que el operativo que se organizó para frenar la consulta soberanista era «conjunto» de los tres cuerpos policiales y que en las reuniones de coordinación el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos no cuestionó en ningún momento los planes de la policía catalana de enviar un binómio de agentes a los centros de votación. 

La defensora ha insistido que Trapero no tuvo «ninguna voluntad de desobedecer» pese a las discrepancias que tenía con Diego Pérez de los Cobos, y que el cuerpo dejó claro días antes del 1-O que cumplirían con las órdenes judiciales. «Si alguien de Cataluya creyó que los Mossos apoyarían el referéndum y el ‘procés’ es que estaba tomando sus deseos por realidades», ha incido Tubau. La abogada ha cargado, en este sentido, contra el nombrado coordinador, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

La jurista ha insistido que el mando policial acusado de sedición no obstaculizó el registro de la sede de la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre del 2017, en una diligencia ordenada por el juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. La letrada ha sostenido que cuando la policía de la Generalitat tuvo conocimiento que en el interior de los coches de la Guardia Civil aparcados en la puerta del edificio había armas, se dispuso que un helicóptero sobrevolara la zona para controlar esta situación.

Los Mossos no fueron avisados hasta primera hora de la mañana de que se iban a realizar una cuarentena de registros ese día. Miles de personas protestaron por esta acción, lo que provocó que la Conselleria d’Economia fuera rodeada por una multitud de personas. La letrada ha concretado las llamadas que se cruzaron Trapero y el entonces presidente de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. En toral, unas 17. La abogada ha explicado que el mayor dio orden que los agentes hicieran un pasillo para que pudiera salir la comitiva judicial y al ver que era imposible esta acción, el mando de los Mossos dio orden para que se buscara una alternativa. «Trapero no dio ninguna excusa», ha subrayado Tubau. Al final, los funcionarios judiciales pudieron abandonar el inmueble por la azotea.

Fracaso policial y político

La abogada  aludió ayer a la inexistencia del delito de sedición y también el de desobediencia.  No sólo desvinculó al mando policial de los planes independentistas de Carles Puigdemont, sino que también se refirió a que el referéndum del 1-O realmente fue “un fracaso policial y quizá político”. , porque no había efectivos suficientes en la policía de la Generalitat, la Guardia Civil y la Policía Nacional para impedirlo, como ordenó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Esta jurista, a la vez, solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional que no tenga en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo dictada contra los dirigentes independentistas y, por lo tanto, no haga un “corta y pega” de la misma.

Tras su intervención, les tocará el turno a los letrados del resto de acusados: el abogado Cristobal Martell, defensor del exdirector general del cuerpo policial, Pere Soler, y Fermín Morales, representate del exsecretario de la Conselleria d’Interior Cesar Puig. Los dos niegan la existencia del delito de sedición, como les atribuye la fiscalía. Tras ello y antes de que el juicio quede visto para sentencia, los acusados tendrán la posibilidad de hacer uso de la última palabra

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